El debate por la continuidad y obligatoriedad del servicio de serenos de buques volvió a tomar centralidad en el sistema portuario argentino, luego de que el Centro de Navegación Argentina (CNAV) difundiera una nota aclaratoria oficial tras consultar a la Prefectura Naval Argentina (PNA), autoridad marítima federal y de aplicación del régimen de seguridad portuaria.
Según el Informativo N° 012 del CNAV, fechado el 20 de enero de 2026, la entidad recibió una presentación del Sindicato Único de Serenos de Buques (SUSB) acompañada por un dictamen del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (Dictamen N° 6/26), en el que se cuestiona la aplicabilidad del artículo 4° del Decreto Nacional N° 37/2025, norma que transformó en opcional la contratación de serenos de buques.
El dictamen provincial sostenía que dicha optatividad no resultaría aplicable en los puertos bonaerenses, en el marco del Régimen de Seguridad Portuaria (REGISEPORT). Frente a este planteo, el Centro de Navegación elevó una consulta formal a la Prefectura Naval Argentina para obtener una definición clara sobre el alcance normativo.
La respuesta de la Prefectura: no hay cambios
La contestación de la PNA fue categórica. A través de la Nota NO-2026-07138777-APN-DJPM#PNA, la autoridad marítima informó que:
“No existen modificaciones normativas al artículo 4º del Decreto Nº 37/2025, el cual se encuentra vigente, y por ende mantiene plena vigencia el artículo 202.0202 del REGISEPORT en su nueva redacción”.
En consecuencia, la Prefectura ratificó que el régimen de contratación opcional del servicio de serenos de buques continúa vigente en todos los puertos del país, sin distinción jurisdiccional.
Un conflicto que sigue abierto
La aclaración oficial refuerza la postura del Gobierno nacional y de los operadores portuarios, pero mantiene abierto el conflicto con el sector gremial, que viene reclamando que las provincias —en especial Santa Fe— adopten criterios similares a los ensayados por Buenos Aires, donde el Ministerio de Trabajo provincial intentó limitar los efectos del decreto nacional.
Desde el sindicato de serenos sostienen que la eliminación de la obligatoriedad implica una pérdida de controles clave sobre los buques, vinculados a contrabando, narcotráfico, contaminación ambiental y seguridad operativa, mientras que desde el sector empresario remarcan que la normativa vigente habilita la libre decisión de contratación.
Con esta definición de la Prefectura Naval Argentina, el escenario queda nuevamente alineado al Decreto 37/2025, dejando en claro que, al menos desde el punto de vista normativo federal, no hubo marcha atrás en la desregulación del servicio.
El debate, sin embargo, sigue trasladándose al plano político, gremial y provincial, con impacto directo en los puertos del cordón agroexportador y en la discusión de fondo sobre seguridad, costos y control en la Hidrovía Paraná–Paraguay.
