En el acceso a las terminales portuarias de Miritituba, en el estado de Pará, se registró una fila de camiones de aproximadamente 39 kilómetros, una postal que refleja el cuello de botella en la salida de granos. La situación se ve agravada por las lluvias y la falta de pavimentación en el tramo final de la ruta BR-163, vía clave que conecta el corazón productivo de Mato Grosso con los puertos del norte.
La zona de Miritituba despacha cerca de 12 millones de toneladas anuales. Si bien las largas filas son habituales en esta época, la magnitud actual no tiene precedentes recientes. Según datos de AgRural, la cosecha de soja 2025/26 alcanzó el 30% del área sembrada, por debajo del 39% registrado a igual fecha del año pasado y el ritmo más lento para esta altura desde la campaña 2020/21.
La siembra tardía, ciclos más largos y lluvias durante la recolección explican el retraso. Aunque el clima más seco en el Centro-Oeste permitió acelerar las tareas en los últimos días, la incertidumbre persiste sobre la capacidad de descarga y exportación.
Toma indígena en Santarém
En paralelo, un grupo de manifestantes indígenas ocupó la terminal fluvial de Cargill en Santarém, interrumpiendo por completo las operaciones en uno de los puntos estratégicos para la salida de soja y maíz del norte brasileño.
La compañía confirmó que el personal fue evacuado y advirtió sobre posibles daños y actos de vandalismo. Desde esa terminal se despacharon el último año más de 5,5 millones de toneladas de granos, equivalentes a más del 70% del movimiento total del complejo.
El reclamo indígena está vinculado a planes de dragado en ríos amazónicos, especialmente el Tapajós, considerado una vía clave para el transporte fluvial de granos. Las comunidades sostienen que las obras podrían afectar el ecosistema, la calidad del agua y la pesca, base de su subsistencia.
En una carta difundida tras la ocupación, los grupos indígenas señalaron: “Los ríos no son canales de exportación: son fuente de vida, sustento, memoria e identidad para miles de familias”. Además, advirtieron que el dragado podría afectar la calidad del agua y la pesca, actividades esenciales para su subsistencia.
Por su parte, Cargill afirmó que no tiene control sobre los planes de dragado y que las decisiones en materia de infraestructura fluvial corresponden a las autoridades competentes.
El Gobierno brasileño no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios. En declaraciones previas, había señalado que el dragado es una práctica habitual destinada a garantizar la navegabilidad durante los períodos de estiaje, clave para sostener el tránsito de barcazas en la región amazónica.
Fuente: Agrofy News
https://search.app/Sdbsf
