Un nuevo episodio de violencia urbana en San Lorenzo, que tuvo como protagonistas a una joven y su expareja en una persecución y choque sobre calle Urquiza, ha disparado un análisis necesario sobre cómo la justicia local procesa los conflictos de género. Además, el hecho que inicialmente podría leerse bajo el prisma de la inseguridad vial, esconde un trasfondo de denuncias cruzadas y sospechas de represalias. Esta situación pone bajo la lupa el deber de objetividad de los funcionarios públicos.
La investigación ha quedado formalmente en manos del fiscal de San Lorenzo, Carlos Ortigoza. Él ya solicitó una serie de medidas de prueba clave para determinar la mecánica del hecho. Entre ellas, se destacan las pericias accidentológicas sobre los vehículos —un Volkswagen Bora y el automóvil conducido por la joven—. También el relevamiento de cámaras de seguridad es relevante para confirmar si, como indican algunas versiones, existió una persecución previa y un impacto intencional. Esto podría cambiar drásticamente la carátula de la causa.
El dilema de la Ley Micaela: ¿Perspectiva o ideología?
El caso se presenta en un momento de fuerte debate sobre la capacitación obligatoria que impone la Ley Micaela. Mientras la normativa busca proteger a las mujeres de violencias históricas y estructurales, surge el interrogante sobre su implementación. Es decir, ¿se está utilizando la perspectiva de género como una herramienta de equidad o ha derivado en una “ideología de género” que anula la presunción de inocencia?
En el análisis del caso, cobra relevancia la advertencia sobre la “banalización” del sistema penal. Cuando cualquier conflicto personal se intenta encuadrar bajo figuras de violencia de género sin un sustento fáctico riguroso, se corre el riesgo de desproteger a las verdaderas víctimas. Por otra parte, la justicia enfrenta hoy el desafío de distinguir entre un hecho de violencia machista y una situación de agresión mutua. Incluso, debe determinar si se trata de una falsa denuncia utilizada como estrategia de revancha.
La presión de los medios y la condena social
Otro factor determinante en esta investigación es la velocidad de la condena social en las redes sociales. Antes de que el fiscal Ortigoza pueda procesar las pruebas técnicas, el tribunal de la opinión pública ya ha dictado sentencia. En este contexto, el rol de la Fiscalía es fundamental para resistir la presión mediática. Además, debe garantizar que el proceso no se convierta en un “show” donde los nombres y los apellidos se exponen antes de que exista una certeza judicial.
El acceso a la justicia debe ser real y no una herramienta de difamación. La manipulación del sistema penal para fines personales no solo satura los juzgados, sino que genera un hartazgo social que desprestigia a las instituciones. Por ejemplo, el 80% de los argentinos manifiesta desconfianza en la justicia. Casos como el de San Lorenzo, donde la verdad parece estar oculta tras un velo de subjetividades, son los que determinan si esa confianza puede empezar a recuperarse o se pierde definitivamente.
Pasos a seguir
Por estas horas, la mirada está puesta en la Unidad Fiscal de San Lorenzo. La resolución que tome Ortigoza tras analizar las pericias mecánicas y los testimonios será crucial. Se trata de determinar si estamos ante un intento de homicidio, un accidente de tránsito con dolo o una puesta en escena con fines legales. En resumen, lo que está en juego es mucho más que un choque de autos. Es la credibilidad de un sistema judicial que no debe permitir que la ideología nuble la razón.
