Una mutación impulsada por la necesidad de “consumo”
Fuentes de investigación policial confirmaron a SL24 que existe un vínculo directo entre quienes antes trepaban postes de luz y quienes hoy saltan rejas o caminan por los techos. El desmantelamiento de desarmaderos clandestinos, que funcionaban como los principales receptores del cobre robado, cortó ese circuito comercial. Sin embargo, la necesidad de “zacear” consumos de drogas no desapareció; simplemente cambió de blanco.
Hoy, cualquier objeto —desde una garrafa hasta un secarropas o mercadería de un local— tiene valor de reventa inmediato en el mercado negro. Los delincuentes operan bajo la modalidad de escruche, aprovechando ausencias momentáneas de los dueños o la vulnerabilidad de techos y ventanas, llevándose “lo que encuentren a su paso”.
Vidrieras rotas: el nuevo flagelo del comercio
A los robos en viviendas se suma una ola de ataques a locales comerciales. La metodología es rústica pero efectiva: rotura de vidrios y saqueo exprés. En cuestión de segundos, los delincuentes vacían estanterías y huyen por los mismos pasillos o techos por los que llegaron, generando un daño económico que muchas veces supera el valor de lo robado por el costo de reposición de los cristales.
Fiscalías saturadas y la “liberación sistemática”
El malestar social no solo apunta a los delincuentes, sino también a los despachos judiciales. La saturación de causas en las fiscalías de la región está provocando un efecto de “cuello de botella” que favorece la impunidad.
“Muchos fiscales no llegan a juntar los elementos probatorios necesarios por la cantidad de expedientes que manejan, y terminan liberando a los escruchadores a las pocas horas”, aseguran fuentes cercanas a los procesos. Esta falta de detenciones preventivas genera una sensación de desprotección total en la ciudadanía, que ve cómo los mismos rostros entran y salen de las comisarías en un ciclo de reincidencia que parece no tener fin.
Mientras la policía ajusta los patrullajes preventivos, el reclamo de los vecinos es unánime: se necesita una respuesta judicial que acompañe el esfuerzo de las fuerzas de seguridad para que el “saqueo hormiga” deje de ser el motor de la inseguridad en el Cordón Industrial.
