La problemática de las falsas denuncias en conflictos familiares ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una tendencia alarmante en la región. Fernando Sánchez, referente de la Asociación Civil Padres Autoconvocados por la Infancia, dialogó con Cadena 3 Rosario y describió un panorama desolador: los niños quedan rehenes de estrategias legales que buscan la desvinculación forzada de uno de los progenitores.
“No son hechos aislados, hay una seguidilla de situaciones que terminan afectando a los chicos”, aseguró Sánchez. El dato más impactante que arroja la asociación es que entre el 80% y el 85% de estas denuncias terminan siendo desestimadas por falta de pruebas o por detectarse falsedades. Sin embargo, para cuando la justicia llega a esa conclusión, el proceso ya ha causado un daño profundo.
El rol de los profesionales y la “industria” del conflicto
Sánchez fue categórico al señalar que, en muchos casos, la intervención de ciertos sectores profesionales agrava la situación en lugar de buscar la solución. “Cuando se meten los abogados, se corta la comunicación entre las partes”, explicó, y apuntó a la necesidad de implementar sanciones efectivas para quienes promueven o facilitan denuncias falsas.
Esta advertencia cobra especial relevancia tras las recientes declaraciones del Dr. José Nanni y el Dr. Juan Lewis en Expediente 24, donde se denunció una red de psicólogas que fabricaba informes de abuso idénticos para sostener causas penales sin sustento real.
El impacto emocional: “Es desesperante”
Utilizando una metáfora impactante, Sánchez describió la situación actual de muchos menores en medio de litigios adultos: “Están quemando el bosque con los chicos adentro”. El referente de Padres Autoconvocados subrayó que no ver a un hijo por años, mientras la justicia se toma tiempos “absurdos” para revisar las pruebas, es una situación de desesperación absoluta para el padre y de abandono para el niño.
Desde la asociación apoyan las iniciativas legislativas que buscan agravar las penas para las denuncias falsas y exigen a los magistrados una mayor celeridad. “No se revisa con tiempo y eso es injusto; hay que poner en el centro el bienestar de los chicos por encima de cualquier estrategia de despecho”, concluyó.
