El conflicto en las puertas de la empresa IDM (Ingeniería de Desarrollo Medioambiental) ha generado un ruido mediático que, hasta ahora, parecía indescifrable. En el centro de la escena aparece Jorge Alberto Aragón, quien se presenta públicamente como propietario de un 17% del paquete accionario y lidera una protesta familiar en los portones de la planta bajo la consigna de no retirarse hasta recibir un pago por su supuesta parte. Sin embargo, al analizar el “quién es quién” de la compañía, los datos arrojan una asimetría total entre el relato y los papeles. El paquete accionario histórico de IDM luego de que lka familia de Enrique Lauria venda su pararte, quedó constituido por cuatro apellidos: Cardozo, Álvarez, Longone y Segales. De acuerdo con la trazabilidad documental, los primeros tres grupos decidieron vender su participación, dejando a la familia Segales como el único actor del esquema original que permanece dentro de la firma con una participación minoritaria del 13,5%.
La realidad de los libros frente a la presión en los portones
La investigación de este medio confirma que Jorge Alberto Aragón no posee, ni ha poseído nunca, acciones a su nombre dentro de IDM. Esta acefalía de derechos societarios convierte su reclamo económico en una maniobra de presión pública que carece de sustento en los registros de la Inspección General de Personas Jurídicas. Mientras Aragón sostiene ante los micrófonos de la región una supuesta estafa hacia su patrimonio, la realidad de los libros diarios muestra una composición societaria donde su nombre no figura en ningún acta de asamblea ni registro de transferencia. Esta desconexión entre la presencia física en los portones y la ausencia legal en los documentos sugiere que la protesta busca forzar una negociación económica por fuera de los canales jurídicos habituales.
Denuncias de contaminación sin expediente judicial
El otro gran pilar del discurso de Aragón se sostiene sobre acusaciones ambientales de una gravedad extrema. El hombre ha asegurado en diversos medios que, desde la muerte de Enrique Lauría en 2018, la empresa ha enterrado más de 10.000 toneladas de residuos peligrosos en cavas de la zona, cobrando por un tratamiento que nunca se realizaba. A pesar de la vehemencia con la que describe estas maniobras, la investigación de SL24 llegó hasta las fuentes judiciales para verificar el estado de estas causas. La respuesta de la Fiscalía fue contundente: no existe ninguna denuncia penal radicada por estos hechos. No hay folios, ni peritajes, ni expedientes abiertos que respalden lo que Aragón pregona ante la prensa, lo que sitúa sus dichos en el terreno de la difamación mediática sin correlato en el mundo real. Una denuncia pública que iría contra los propios intereses de Aragón si fuera propietario de parte de la empresa, ya que el presunto enterramiento de residuos se hizo en momentos de la anterior composición accionaria. Un delito que no sólo pondría en jaque a los dueños sino a todas las empresas que confiaron en IDM ya que la ley marca que la responsabilidad de los residuos peligrosos es del generador.
La empresa IDM marcó durante décadas un liderazgo e innovación nacional en el tratamiento de residuos peligrosos, su expansión llegó a países limítrofes como Uruguay y Brasil. En la actualidad y durante muchos años de mala gestión terminó con problemas en las habilitaciones para el tratamiento de residuos, una problemática que llevó al directorio anterior a vender su participación. Los nuevos dueños buscan sanear el pasivo acumulado en el predio hacer las inversiones necesarias para que la empresa vuelva a ocupar un lugar central en el ecosistema empresarial del país.
