La medida fue comunicada oficialmente por la propia Liga a través de su Tribunal de Disciplina, luego de recibir un oficio judicial emitido por el Juzgado de Familia. A partir de esa resolución, el futbolista quedó impedido de actuar en cualquiera de los clubes afiliados hasta que exista una nueva disposición judicial que deje sin efecto la sanción.
Desde la entidad aclararon que no se trata de una pena deportiva ni disciplinaria vinculada a hechos ocurridos dentro de una cancha, sino del cumplimiento obligatorio de una orden emanada por la Justicia.
El caso marca un antecedente importante en la región porque la restricción impacta directamente sobre la actividad federada del jugador, utilizando el deporte como ámbito de aplicación de medidas contra deudores alimentarios.
En los últimos años, distintas provincias argentinas avanzaron con sanciones más severas para quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias. Entre ellas aparecen impedimentos para renovar la licencia de conducir, restricciones para ingresar a espectáculos deportivos, limitaciones administrativas y prohibiciones para participar en competencias oficiales.
Ahora, la resolución judicial llegó de lleno al fútbol del interior y abre un nuevo escenario dentro de las ligas regionales, donde este tipo de medidas eran prácticamente inéditas.
Mientras no exista una resolución contraria por parte de la Justicia, el futbolista seguirá inhabilitado para jugar en cualquier institución afiliada a la Liga Regional Totorense.
