A través de un comunicado, la entidad expresó su “preocupación” por el tratamiento de situaciones que involucran a infancias judicializadas y buscó marcar una posición clara frente al debate público generado en los últimos días.
En ese sentido, remarcaron que “un informe psicológico no equivale a una sentencia”, subrayando que las decisiones judiciales deben basarse en un enfoque interdisciplinario y no en una única herramienta técnica.
El pronunciamiento se da tras la difusión de denuncias contra tres profesionales, señaladas por presuntamente haber manipulado informes en causas sensibles, lo que habría impactado directamente en resoluciones judiciales que separaron a padres de sus hijos en el marco de acusaciones de abuso.
Desde el Colegio sostuvieron que estos hechos “ponen nuevamente en evidencia las falencias en las políticas públicas en el campo de las infancias”, y advirtieron que el sistema judicial “no es una excepción” dentro de ese entramado.
Además, plantearon interrogantes de fondo sobre el funcionamiento del sistema: “¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para hacer justicia? ¿Qué recursos reales hay en el Sistema de Protección Integral para abordar estas problemáticas?”, señalaron.
Finalmente, cuestionaron la falta de políticas adecuadas y advirtieron que la inacción puede derivar en la construcción de “falsos síndromes” o en la patologización de situaciones complejas, lo que, según indicaron, termina por invisibilizar la voz de los niños en los procesos judiciales.
Vale destacar, que el pedido de audiencia al máximo tribunal se da en un contexto tensión que crece y pone el foco en el rol de los equipos técnicos dentro de causas altamente sensibles, este tema que ya generó fuerte repercusión, y no solo en Rosario.
