El femicidio de Carolina Díaz, la joven de 31 años que fue rociada con combustible y prendida fuego en su casa de calle Islas Malvinas en San Lorenzo en febrero de 2021, sumó un capítulo clave en la búsqueda de justicia. Tras la polémica decisión de la Cámara de Apelaciones que absolvió a Luis Grandi —quien había sido condenado a prisión perpetua en primera instancia—, el Procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, emitió un dictamen lapidario en el que recomienda admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado por la querella, a cargo de Gabriel Filippini y Laura Maderna, y la fiscalía.
Una sentencia “inválida”
En su dictamen fechado el 6 de abril de 2026, Barraguirre no ahorró críticas hacia el fallo que permitió la liberación de Grandi. “En mi opinión, estamos ante una sentencia inferencialmente deficiente, es decir, estamos ante una sentencia inválida”. El Procurador fue más allá al calificar la resolución como “probabilísticamente falsa”, afirmando que el razonamiento del tribunal permitió que una persona “sea absuelta aunque sea culpable”.
Para el jefe de los fiscales de la provincia, la Cámara cometió un “grave error” al aplicar la regla de la duda razonable. Sostuvo que el tribunal de alzada “le dio mayor peso convictivo a lo que no lo tenía y creó artificialmente, así, un espacio para que se filtre una duda razonable”.
Las pruebas refutadas
El dictamen destaca que la hipótesis de la fiscalía posee un “alto nivel de contrastación” a través de evidencias que refutan la estrategia de la defensa, la cual sugería una “auto-incineración” de la víctima. Barraguirre subrayó que, tras analizar el entrelazamiento de las pruebas, “no hay una narrativa plausible que se le oponga” a la autoría de Grandi en el crimen.
Carolina Díaz agonizó durante 31 días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) antes de fallecer el 22 de marzo de 2021. Tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo. Durante el juicio oral en 2024, Grandi fue condenado a perpetua, pero meses después, un fallo de Cámara revirtió la sentencia alegando falta de pruebas certeras.
Perspectiva de Género y racionalidad
Otro punto central del dictamen de Barraguirre es el recordatorio de que la sana crítica racional debe incorporar “máximas de experiencia y de la lógica” que incluyan la perspectiva de género para desvelar prácticas discriminatorias. En este sentido, instó a evaluar los relatos de violencia “eliminando estereotipos que tratan de universalizar como criterios de racionalidad simples máximas de experiencias machistas”.
Finalmente, el Procurador concluyó que el máximo tribunal provincial debe ratificar la admisibilidad del recurso “y resolver sobre su mérito”. Con este respaldo institucional, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene ahora la responsabilidad de definir si se anula la absolución y se restablece la condena por el femicidio que conmocionó a San Lorenzo y la región.
