La presentación judicial se produjo luego de que distintos informes, elaborados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada, coincidieran en un diagnóstico crítico: la empresa no puede hacer frente a sus obligaciones y su deterioro económico es irreversible en las condiciones actuales.
Desde el ámbito sindical señalaron que la decisión implica reconocer una realidad que, aseguran, ya era evidente desde hace tiempo. Incluso remarcaron que algunos integrantes de la conducción habían admitido en privado el estado de crisis que ahora se oficializa.
El foco principal está puesto en los trabajadores, quienes atraviesan una situación delicada. Según se informó, la firma acumula una deuda de ocho meses de salarios, además de aguinaldos impagos. En ese contexto, la operatoria se sostuvo en parte gracias al esfuerzo del propio personal y a la asistencia del gremio ATILRA, junto con la continuidad de la cobertura de salud brindada por OSPIL, pese a la falta de aportes empresariales.
Desde el sector gremial sostienen que la eventual quiebra no necesariamente implica el cierre definitivo de la compañía. Por el contrario, consideran que podría abrirse una etapa de reorganización que permita preservar la marca y retomar la actividad bajo una nueva estructura, apoyada en la calidad de los productos y la experiencia de los trabajadores.
Ahora, será la Justicia la que deberá resolver el proceso y definir cómo continuará la situación, tanto para la empresa como para los cientos de empleados afectados por una de las crisis más profundas en la historia del sector lácteo argentino.
