La problemática de la infraestructura logística en la provincia de Santa Fe ha dejado de ser una cuestión de mantenimiento para transformarse en un desafío de supervivencia estratégica ante el nuevo escenario del comercio exterior. En diálogo con Nicolás Carugatti y Sebastián Darrichón, Cristian Cunha explicó que el gobierno de Maximiliano Pullaro ha decidido atacar el problema de fondo mediante un esquema de financiamiento disruptivo. La propuesta consiste en un aporte de 1,50 dólares por tonelada que pagarían las empresas exportadoras, con el objetivo de eliminar de forma definitiva las tasas municipales que hoy pesan sobre el transporte. Este cambio de paradigma busca que el sector que más utiliza la infraestructura sea el encargado de financiar y administrar su mejora, garantizando que el flujo de camiones sea acorde a las exigencias de la nueva licitación de la Hidrovía.
La clave del proyecto radica en su naturaleza jurídica. Cunha fue enfático al aclarar que no se trata de fondos públicos ni de un tributo que entrará a rentas generales de la provincia. El instrumento elegido es un fideicomiso privado, situado fuera del Estado, que será administrado por los propios aportantes: exportadores, productores, acopiadores y transportistas. Esta figura garantiza la transparencia y la continuidad de las obras independientemente del signo político del gobierno de turno. Además, al tratarse de un fondo con flujos futuros certeros atados a un commodity, el fideicomiso tendrá la capacidad de buscar financiamiento externo a tasas competitivas. Esto permitiría comprimir el tiempo de ejecución de las obras, logrando que proyectos que habitualmente demandarían veinte años puedan concretarse en un periodo de cinco o seis, sincronizando la capacidad de las rutas con el calado de los barcos de 70.000 toneladas que empezarán a llegar a la región.
STOP 5.0: El fin de la “tibiadez” y el inicio de las sanciones con Inteligencia Artificial
Mientras el fideicomiso avanza en su etapa legislativa y de consenso, el control del flujo diario de camiones entra en una fase de máxima rigurosidad. Cristian Cunha confirmó que, tras un periodo de adaptación, este viernes comienzan a regir las infracciones y sanciones para quienes no respeten las franjas horarias del sistema STOP 5.0. El funcionario advirtió que la provincia no puede seguir “maquillando” los problemas y que la decisión del gobernador es resolver el caos logístico de raíz. Para ello, se está desplegando una red de 30 tótems equipados con inteligencia artificial que realizarán el control físico de las unidades, leyendo las patentes y las cartas de porte en tiempo real para determinar si el transportista se encuentra dentro del cupo y el horario que le corresponde.
La severidad del sistema no se limitará a la multa económica. Cunha detalló un mecanismo de “bloqueo operativo” mediante un acuerdo con la Secretaría de Transporte de la Nación y ARCA. Aquel transportista que acumule cinco infracciones quedará inhabilitado para emitir nuevas cartas de porte hasta que regularice su situación. Este nivel de control busca erradicar las postales de congestión que asfixian a San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, donde muchas veces los camiones llegaban con cupos adelantados por varios días. El objetivo es lograr que la regla sea un flujo constante y previsible, permitiendo que quienes viven en las localidades ribereñas puedan convivir de manera armónica con la cosecha récord que se proyecta para este año.
El costo social de la cosecha y la compensación a los municipios
Un punto nodal de la entrevista fue la defensa de la autonomía y los recursos de los municipios portuarios. Cunha argumentó que las localidades reciben un impacto directo que genera costos reales y diarios: desde la limpieza de los cereales derramados y la iluminación de los accesos, hasta la atención sanitaria. El funcionario citó un caso reciente para graficar la demanda sobre el sistema público: la atención de urgencia a un transportista en la Playa San Miguel mediante el SAMCO local, un gasto que hoy recae sobre la comunidad receptora. Por este motivo, el plan de Santa Fe contempla que los municipios reciban una parte del fideicomiso, asegurando un ingreso transparente y ordenado que reemplace la discrecionalidad de las tasas actuales.
La iniciativa, que se cristalizará mediante una ley en la legislatura, buscará la adhesión de los intendentes y presidentes comunales con el compromiso de no generar nuevas tasas. Cunha fue claro al responder a las críticas sobre el costo del aporte de 1,50 dólares: el mayor beneficiario de una infraestructura logística de vanguardia es quien necesita que su mercadería llegue de forma rápida y segura a la terminal. En definitiva, el plan santafesino se posiciona como una respuesta estructural a un problema que nunca antes se enfrentó con esta determinación, preparando al Cordón Industrial para ser el polo logístico más eficiente del continente.
