El senador Armando Traferri presentó un proyecto de ley que propone incorporar al Código Fiscal de la provincia de Santa Fe una exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las personas humanas y jurídicas que prestan servicios vinculados a la atención integral de las personas con discapacidad.
La iniciativa establece que la exención alcanzará a quienes desarrollen actividades destinadas a la inclusión, promoción, rehabilitación, educación y defensa de derechos de personas con discapacidad, siempre que cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y/o con resolución ministerial que los categorice como prestadores del Sistema Único de Prestaciones Básicas.
“Esta propuesta surge del trabajo directo con las instituciones del sector. En nuestras reuniones con Accionar – Mesa por las Discapacidades, los prestadores nos expresaron la grave situación que atraviesan: incremento sostenido de costos, demoras en los pagos por parte de la Nación, valores arancelarios insuficientes y la incertidumbre que generó el incumplimiento del Gobierno nacional con la Ley de Emergencia en Discapacidad”, expresó el legislador sanlorencino.
Traferri remarcó que la iniciativa busca dar una respuesta concreta desde el ámbito provincial. “La Provincia tiene herramientas para acompañar a un sector que cumple una función social esencial. La política tributaria no puede ser ajena a los principios de solidaridad, inclusión y justicia social. Si el Estado nacional retrocede en sus obligaciones, desde Santa Fe tenemos que dar pasos al frente para sostener a las instituciones, profesionales y familias que dependen de estas prestaciones”, agregó el senador.
El proyecto se inscribe en el marco normativo que dio jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nacional 27.044) y en línea con la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, que reconoce a las personas con discapacidad como un colectivo de atención prioritaria y obliga al Estado provincial a adoptar medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades.
La exención propuesta se circunscribe exclusivamente a sujetos formalmente habilitados y sujetos a control estatal, y faculta a la Administración Provincial de Impuestos (API) a establecer las condiciones, requisitos y procedimientos necesarios para la implementación del beneficio.
“Estamos hablando de instituciones, centros educativos, hogares, transportistas, profesionales y organizaciones que sostienen tareas esenciales para miles de familias santafesinas. Reconocer esa tarea con una herramienta de alivio fiscal es lo mínimo que el Estado provincial puede hacer en este contexto”, concluyó Traferri.
