El departamento San Lorenzo enfrenta una silenciosa pero alarmante crisis operativa que mantiene en vilo a las fuerzas de seguridad locales. Según datos a los que tuvo acceso SL24, se ha desatado una verdadera “epidemia” de pedidos de paraderos que está saturando la capacidad de respuesta de la Unidad Regional XVII, afectando el normal funcionamiento del sistema preventivo en toda la región.
Las estadísticas reflejan una realidad preocupante: las dependencias policiales del departamento reciben un promedio de tres búsquedas de paradero por día. Sin embargo, la situación recrudece drásticamente en determinadas jornadas, en las cuales se han llegado a registrar hasta siete denuncias juntas de manera simultánea.
Un despliegue que paraliza a las comisarías del departamento
Cada vez que un familiar o allegado se presenta en una dependencia para denunciar que una persona no regresó a su hogar, se activa de manera inmediata un protocolo de actuación que altera por completo la rutina policial. La radicación de estas denuncias genera un fuerte movimiento e involucra recursos humanos y logísticos en todas las comisarías del departamento San Lorenzo.
Desde el momento en que ingresa el aviso, el personal debe abandonar las tareas de patrullaje preventivo ordinario para abocarse a la toma de declaraciones, el rastrillaje de zonas específicas, el chequeo de cámaras de seguridad y la comunicación constante con los efectores de salud y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Costos multimillonarios y desconcierto oficial
Esta demanda constante de recursos no solo agota al personal policial, sino que impacta de lleno en las arcas públicas. Fuentes vinculadas a la seguridad del departamento confirmaron que los costos asociados a estas búsquedas son multimillonarios, considerando el gasto en combustible, el despliegue de móviles, las horas extras del personal y la utilización de tecnología de rastreo.
Lo que más preocupa en los despachos oficiales es la falta de un patrón claro que explique esta tendencia. Hasta el momento, las autoridades no se explican los motivos de esta escalada de denuncias. Si bien muchos de los casos corresponden a ausencias voluntarias, conflictos familiares transitorios o adolescentes que se retiran de sus hogares por pocas horas, el volumen diario de presentaciones no tiene precedentes en la historia registral de la Unidad Regional XVII.
La comunidad y el arco político local comienzan a mirar de cerca esta problemática, que no solo enciende las alarmas sobre el entramado social del Cordón Industrial, sino que resiente la presencia policial en las calles al desviar los recursos hacia investigaciones de paradero a contrarreloj.
