Este jueves, a partir de las 10:00 horas, las mesas de la Secretaría de Trabajo de la Nación recibirán una de las discusiones paritarias más complejas y atípicas de los últimos tiempos en la región del Up River. Frente a frente estarán los representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Asociación de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM) y el Centro de Patrones Fluviales, ante los directivos de la Cámara Empresaria de Servicios de Lanchas, Amarre y Afines (CESLAA).
A diferencia de otros conflictos salariales donde el único punto de discordia son los porcentajes, esta negociación —que ya acumula varios meses de cabildeo— tiene su eje de trabas en un problema estructural: la proliferación del trabajo informal en la prestación de servicios a los buques que operan en los puertos locales.
Competencia desleal y “dumping” tarifario
Desde la cámara empresaria argumentan que la recomposición salarial correspondiente al trimestre mayo-junio-julio se resolvería en minutos si existiera un compromiso firme de los gremios para erradicar las prestaciones irregulares en el río Paraná.
Según denuncian las empresas agrupadas en CESLAA, en el ecosistema del Up River opera una red de servicios de lanchas que utiliza personal no capacitado, sin encuadramiento ni aportes sindicales, lo que les permite “regalar” las tarifas del servicio. Esta práctica de dumping torna inviable la ecuación económica de las firmas que cumplen con las normativas laborales, de seguridad náutica e impositivas.
“Fingen demencia”
La mayor indignación del sector patronal radica en la aparente apatía de las conduciones sindicales frente al avance de la precarización. “Fingen demencia”, disparó de forma tajante un referente empresario en diálogo exclusivo con SL24, al referirse a la inacción de los dirigentes gremiales para combatir un flagelo que erosiona los cimientos de la propia actividad.
Desde la perspectiva empresarial, la omisión sindical no es casual: advierten que este escenario de tarifas destruidas e informalidad galopante puede derivar en la desaparición de los prestadores PyME tradicionales y en la consolidación de esquemas monopólicos que operen en alianza con ciertos sectores gremiales.
¿El costo lo sigue pagando el empleado formal?
El encuentro de mañana en la Secretaría de Trabajo pondrá a prueba la voluntad política de las partes. Mientras la actividad formal exige reglas de juego claras para sostener la estructura operativa de los puertos, la pregunta de fondo recae sobre los trabajadores matriculados y encuadrados: ¿seguirán ajustando sus salarios por la incapacidad de frenar la picardía de la competencia ilegal en el río?
El resultado de la audiencia definirá no solo la pauta salarial para los trabajadores de amarre y lanchas, sino el modelo de servicio que prevalecerá en el polo agroexportador más dinámico del país.
