La parálisis en la Vía Navegable Troncal (VNT) y en los puertos de todo el país alcanzó un punto crítico de extrema gravedad institucional y económica. A tres días de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 —que desreguló de manera integral el practicaje y la baquía— y del consecuente lock-out operativo iniciado por los profesionales del sector, el Centro de Navegación emitió un dramático documento dirigido a las máximas autoridades marítimas y portuarias de la Nación solicitando una intervención urgente para evitar el colapso definitivo del comercio exterior argentino.
La misiva, fechada este 3 de agosto de 2026, lleva las firmas de la cúpula directiva de la centenaria institución —encabezada por su presidente Julio Delfino y su gerente general Alfonso Jozami— y fue remitida formalmente al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Mg. Iñaki Arreseygor, y al Director de Policía de Seguridad de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina (PNA), P.G. José Fernando Dos Santos.
El Centro de Navegación representa a las agencias marítimas responsables de coordinar la logística de las embarcaciones que movilizan más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino y el 15% del turismo de cruceros.
140 buques parados y desvío de cargas hacia Montevideo
El cuadro de situación descripto por los agentes marítimos confirma los peores pronósticos anticipados por SL24 desde la declaración de la medida de fuerza. La falta de toma de servicios de practicaje y baquía por parte de los profesionales se ha vuelto generalizada a lo largo de toda la Vía Navegable Troncal, acumulando números alarmantes:
- 140 buques varados: Se registran al menos cincuenta y cuatro (140) buques pendientes de confirmación para las maniobras de practicaje y pilotaje, cifra que se incrementa hora a hora con el arribo de nuevas embarcaciones que deben ingresar o zarpar del sistema fluvio-marítimo.
- Fuga de buques a puertos vecinos: Ante la incertidumbre y las demoras, armadores internacionales ya comenzaron a cancelar las operaciones pautadas en terminales argentinas, redireccionando los buques de carga hacia el Puerto de Montevideo (Uruguay) y puertos del sur de Brasil.
- Pérdida de transbordos repatriados: La parálisis está echando por tierra el esfuerzo público-privado que había logrado repatriar las operaciones de transbordo a puertos nacionales.
Entre las zonas más castigadas por la parálisis destacan el complejo Up River (San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes y Rosario), junto a las terminales de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.
Riesgo de parálisis fabril y daño a la “Marca País”
El documento del Centro de Navegación enumera una cadena de impactos devastadores para la economía nacional si no se destraba el conflicto a la brevedad:
- Saturación en plantas productivas: El freno a la salida de buques genera un cuello de botella logístico que amenaza con colapsar la capacidad de almacenamiento de las plantas industriales y agroexportadoras del Cordón Industrial.
- Pérdidas millonarias de divisas: Acumulación de extra costos, lucro cesante, penalizaciones por incumplimiento de contratos internacionales de exportación e interrupción del flujo de ingreso de dólares al Banco Central.
- Peligro en la seguridad operacional: La congestión de barcos fondeados en rada y canales estrechos pone en riesgo la seguridad de la navegación, tripulaciones, activos navieros y el estado de las cargas.
- Daño reputacional: La crisis afecta severamente la credibilidad de la Argentina como proveedor confiable en el mercado marítimo global.
El reclamo a las autoridades: “El practicaje es un servicio público”
Frente a la encrucijada entre las intimaciones enviadas por el Gobierno a través de la Prefectura y la negativa firme de los prácticos a embarcarse tras denunciar inseguridad jurídica y anomalías en la redacción del decreto, el Centro de Navegación reclamó una solución de fondo inmediata.
En su petitorio, recordaron a la ANPyN y a la Prefectura que, según el artículo 99 de la Ley de Navegación N° 20.094, el practicaje constituye un servicio público de prestación obligatoria y que, en el marco de la Ley 27.802, ha sido ratificado como una “actividad trascendental”.
“Solicitamos su urgente intervención a efectos de instar a una solución de la grave situación reinante, con el objeto de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de practicaje, pilotaje y baquía”, concluye la presentación de la cámara naviera, en un marco donde la parálisis del motor agroexportador argentino cumple sus horas más dramáticas.
