En medio de la parálisis que afecta a las terminales agroexportadoras del Cordón Industrial y a todos los puertos del país tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, el presidente de la Cámara de Practicaje, Capitán John Ryan, brindó una entrevista en Radio Mitre donde defendió la postura de los profesionales, explicó las razones técnicas del rechazo a la desregulación e increpó los argumentos del Ministerio de Desregulación de la Nación.
En primer lugar, Ryan corrigió los términos utilizados para definir la medida de fuerza: “No estamos de paro porque los prácticos no estamos agremiados ni tenemos convenio colectivo. Somos profesionales independientes de libre contratación. Son decisiones individuales de cada colega de no tomar nuevos servicios por la irrupción de un decreto que pone en riesgo la seguridad de la navegación y del medio ambiente”.
Frente a la consulta sobre el perjuicio económico que sufren los propios prácticos al no trabajar, el capitán fue contundente: “Es mejor perder plata que perder la vida o producir un daño ambiental gigantesco en el río”.
El peligro de navegar 600 kilómetros de canal estrecho
Ryan justificó la decisión de suspender la atención señalando que la norma dictada por el Poder Ejecutivo multiplica exponencialmente el número de buques extranjeros y nacionales eximidos de llevar práctico a bordo.
«Desde el estuario del Río de la Plata hasta San Lorenzo tenemos 600 kilómetros de un río donde los buques se cruzan constantemente. Aunque el Río de la Plata tiene 60 km de ancho, los barcos navegan por canales de apenas 100 metros. Imagínense dos buques Panamax de 200 metros de eslora cruzándose en un canal de 100 metros con viento y corriente cruzada; sin un práctico con conocimiento local preciso, los acaecimientos peligrosos son inevitables», advirtió.
Para el titular de la Cámara, si las vías navegables quedan bloqueadas por una varadura o un choque provocado por la falta de asistencia profesional, el comercio exterior argentino sufrirá un colapso mucho mayor.
Desmintiendo las “cifras millonarias” del practicaje
Durante la entrevista, Ryan desmontó las versiones promovidas por sectores oficiales respecto a los costos del servicio y los honorarios de los prácticos:
- Tarifas reguladas: Recordó que desde 2018 las tarifas máximas están topeadas por el Estado y ningún práctico puede facturar por encima de esos valores.
- El caso Recalada – San Lorenzo: Explicó que en el trayecto completo desde la desembocadura hasta los puertos del Cordón Industrial hay 34 horas de navegación continua, trayecto en el que intervienen cinco prácticos distintos.
- Ingresos reales: Del costo total de unos 45.000 dólares que factura el servicio completo (el cual incluye lanchas de transbordo, seguros, logística y posicionamiento), cada profesional percibe entre 2.000 y 4.000 dólares netos por trabajo realizado.
- El peaje del Estado es más caro: “El costo mayor de un buque no es el practicaje; es el peaje que cobra el Estado en la Vía Navegable Troncal. Solo el aumento que tuvo ese peaje en esta administración es mayor que el costo total de practicar un barco”, sentenció.
Asimismo, comparó la tarifa argentina con la de puertos internacionales: en Port Everglades (EE. UU.), por una maniobra de una sola hora de navegación con un solo práctico se pagan 4.000 dólares. En Argentina, por 34 horas de navegación compleja y cinco profesionales, la relación costo-distancia es significativamente menor.
“No hay un registro cerrado, el registro está abierto desde 1991”
El capitán también desmintió que la actividad funcione bajo un “monopolio de inscripción”, aclarando que desde el Decreto de desregulación de 1991 de Carlos Menem, la Prefectura Naval Argentina tiene la obligación de inscribir a cualquier profesional que cumpla los requisitos, sin límite de cupo.
“Para ser práctico no hay una academia privada; hay que ser Capitán de Ultramar o Fluvial de la Marina Mercante, con décadas de experiencia de mando al frente de buques grandes y conocimiento local perfecto del río”, remarcó.
Por último, objetó los artículos del decreto que obligan a los prácticos a utilizar cualquier medio de transporte contratado por los armadores (incluyendo lanchas no específicas o vehículos particulares) sin posibilidad de negarse: “Si yo bajo de mi departamento y me ponen una moto para llevarme de Buenos Aires a Rosario por la ruta, yo no me voy a subir. No podemos poner en riesgo nuestra integridad física”.
Ryan concluyó exigiendo la derogación del Decreto 690/2026 para retornar al esquema normativo anterior y garantizar que la seguridad y la fluidez del comercio exterior vuelvan a cruzarse en su punto de mayor eficiencia.
