La crisis derivada de la parálisis del servicio de practicaje y baquía sumó un posicionamiento institucional de peso determinante en el escenario económico nacional. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) —entidad que nuclea a las terminales donde se procesa y despacha la mayor parte del comercio exterior argentino, con fuerte arraigo en el Cordón Industrial y la Vía Navegable Troncal— emitió un comunicado oficial en el que advirtió que el freno operativo “amenaza seriamente el comercio exterior” y, al mismo tiempo, respaldó la necesidad de modernizar el sistema en la línea fijada por el Poder Ejecutivo.
En el documento difundido este mes de agosto de 2026, las empresas portuarias señalaron que la interrupción en la maniobra de los buques “no es una disputa sectorial aislada, sino un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, afectando de forma directa el ingreso de divisas, el transporte terrestre de granos y la reputación del país ante los compradores internacionales.
Los cuatro impactos críticos denunciados por los puertos
Desde la CPPC detallaron de forma puntual la gravedad del escenario generado tras la suspensión de servicios por parte de los profesionales en rechazo al Decreto 690/2026:
- Parálisis del Comercio Exterior e ingreso de divisas: La acumulación de buques fondeados interrumpe la salida de granos, aceites y harinas, deteniendo de forma inmediata el flujo de dólares al Banco Central.
- Quiebre de las cadenas de suministro: El freno en los muelles genera un efecto dominó que paraliza el transporte de carga (camiones y ferrocarriles), colapsa la capacidad de acopio en los silos de las plantas y amenaza el abastecimiento de insumos industriales y energéticos.
- Penalidades financieras: Los exportadores sufren costosas penalizaciones contractuales por el incumplimiento de las ventanas de carga acordadas, sumadas a los extraordinarios sobrecostos logísticos de inmovilización naviera.
- Daño reputacional y desvío de buques: Advierten que la imprevisibilidad operativa promueve el desvío de buques a puertos de la región (como Uruguay o Brasil), deteriorando la imagen de la Argentina como origen confiable.
Respaldan el Decreto 690 y afirman que no se afecta la seguridad
A diferencia de los duros cuestionamientos planteados por los gremios de Prácticos, Capitanes y Baqueanos, la Cámara de Puertos Privados ratificó la necesidad de aplicar la desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger.
«Que la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad a nuestra logística regional», remarca el texto.
Asimismo, la entidad portuaria cruzó los argumentos de las asociaciones profesionales sobre el presunto riesgo náutico que introduciría el nuevo marco normativo: “Reconocemos la idoneidad técnica y el profesionalismo de los prácticos. Sin embargo, no resulta preciso sostener que la desregulación comprometa la seguridad operacional: en la práctica, ningún armador, capitán o compañía de seguros operará o moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo”.
Pedido urgente de una Mesa de Negociación
Frente al agravamiento del conflicto —que ya cuenta con intimaciones formales de la Prefectura Naval por Boletín Oficial y advertencias de encuadre en el Código Penal—, la CPPC instó de manera urgente e impostergable al Gobierno Nacional y a los representantes del practicaje a conformar una Mesa de Negociación.
El objetivo prioritario planteado por los dueños de las terminales privadas es garantizar la inmediata normalización del servicio y la navegabilidad en todos los puertos del país, permitiendo encauzar las discusiones normativas y de modernización del Decreto 690/2026 en un marco de previsibilidad, institucionalidad y consenso.
