El fiscal de la Unidad Fiscal San Lorenzo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Aquiles Balbis, resolvió desestimar de manera categórica la denuncia por el delito de extorsión que había promovido el futbolista profesional Jonatan David Gómez contra sus acreedores. La resolución fiscal concluyó que no existen elementos de convicción serios para sostener la acusación penal, dejando al descubierto una maniobra que buscaba frenar el cobro legítimo de pagarés en los Tribunales locales.
Ante el revés judicial para el deportista, los abogados defensores de los acreedores ya preparan una contraofensiva penal para denunciar a Gómez por el delito de falsa denuncia, acusándolo de haber instrumentado una causa penal sin sustento fáctico con el único propósito de eludir sus compromisos económicos.
La denuncia que intentó frenar el cobro de pagarés
La causa penal se había iniciado a mediados de febrero, cuando Jonatan Gómez, a través de sus representantes legales, presentó un escrito en la mesa de entradas de la Fiscalía de San Lorenzo. En su acusación, el futbolista intentó encuadrar como un presunto hecho de extorsión (previsto en el artículo 168 del Código Penal) la presentación de una demanda de juicio ejecutivo entablada en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo para el cobro de pagarés impagos.
Según la fallida teoría del denunciante, la firma de dichos títulos de crédito en una escribanía de la ciudad bonaerense de Junín y su posterior reclamo judicial habrían sido fruto de intimidaciones.
Mensajes y audios: firma voluntaria y reconocimiento de deuda
Sin embargo, el análisis integral de las evidencias incorporadas al legajo fiscal desmoronó la versión del futbolista. El cruce de mensajes de voz y comunicaciones telefónicas demostró una relación de trato cotidiano y fluido en la que el propio Gómez era quien determinaba los momentos de encuentro e incluso convocaba a la otra parte a trasladarse a Junín.
Los registros de audio ratificaron que el mediocampista acudió solo, por sus propios medios y de manera absolutamente voluntaria a la escribanía, donde rubricó los pagarés e incluso discutió los términos que consideraba convenientes.
Lejos de encontrarse bajo un escenario de coacción o violencia, las pruebas revelaron que Gómez reconoció implícitamente la existencia de las deudas y hasta se jactó de los tiempos que insumirían los trámites judiciales en caso de que intentaran cobrarlas por la vía ejecutiva:
Disconforme con las fechas consignadas, el propio denunciante llegó a manifestar en los audios que “si lo ejecutan se comen un pijón porque tarda una banda y me van a tener que embargar una casa y tarda mil años eso”, negándose inicialmente a rubricar el pagaré de intereses pero reconociendo la obligación principal, la cual finalmente suscribió.
Desestimación fiscal y contraataque judicial
A la luz de las constancias reunidas, el fiscal Aquiles Balbis concluyó que los hechos expuestos por Jonatan Gómez no constituyen delito penal alguno, dictando la desestimación formal de la denuncia por extorsión de conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
Con la causa penal archivada por falta de elementos, el escenario legal da un giro de 180 grados: los acreedores no solo continuarán con el reclamo ejecutivo de los pagarés en el fuero civil y comercial de San Lorenzo, sino que además avanzarán por la vía penal contra Gómez por falsa denuncia, un delito que sanciona a quien promueve acusaciones penales mendaces ante la autoridad judicial.
