El grave incidente ocurrido este fin de semana en el cierre de la fase regular de la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol desnudó una problemática mucho más profunda y alarmante que la violencia deportiva habitual: la renuncia deliberada al ejercicio de la autoridad por parte de quienes deben velar por el orden público.
Durante el encuentro disputado entre Colón y Villa Felisa, un jugador federado del conjunto visitante agredió físicamente a un oficial de policía que cumplía servicio de seguridad en el estadio. Frente a cientos de testigos y con celulares que grabaron la secuencia desde las tribunas, ocurrió lo insólito: el efectivo no procedió a la detención del agresor en flagrancia y, posteriormente, se negó a radicar la denuncia penal.
La traba jurídica: el límite de la acción fiscal
La decisión del oficial de no instar la acción penal dejó a la Justicia con las manos atadas. En el marco del Código Penal argentino, el delito de lesiones leves es de instancia privada; esto significa que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no tiene facultades legales para actuar de oficio si la propia víctima no formaliza la acusación y solicita la intervención penal.
Al no haber aprehensión inmediata ni denuncia firmada, el futbolista violento se retiró del predio deportivo caminando y regresó a su casa en absoluta impunidad. Una muestra de desidia administrativa y operativa que expone a la sociedad a la ley del más fuerte.
Furia y malestar en los pasillos de la Unidad Regional XVII
La actitud del uniformado provocó una ola de profunda indignación y rechazo entre sus propios compañeros y la cúpula de la Unidad Regional XVII.
La herida dentro de la fuerza policial departamental está abierta y sangra: hace apenas unas semanas, un oficial perteneciente a la Comisaría de Roldán (integrante de la misma UR XVII) fue brutalmente asesinado a golpes durante un torneo de fútbol regional en la jurisdicción Cañadense.
En los pasillos de la Jefatura el reclamo es unánime: mientras la familia policial todavía llora a un camarada linchado en una cancha, resulta inadmisible que un efectivo en funciones tolere ser golpeado en un estadio y decida callar, tirando por la borda el respeto por el uniforme, la memoria de su compañero y la investidura policial.
La cultura del “no ser botón” pudre el sistema
¿Qué lleva a un funcionario público armado y capacitado por el Estado a no denunciar a su propio agresor? La respuesta reside en una distorsión cultural perversa que penetró en ciertos estamentos policiales: el miedo a ser catalogado como “débil” o el absurdo código de barrio de “no ser botón”.
En sectores de la fuerza se ha instalado la falsa premisa de que recurrir a la ley ante una agresión física en una cancha es una muestra de cobardía o una actitud que debe resolverse “entre hombres y sin papeles”. Esta lógica tumbera y marginal contradice la esencia misma de una fuerza de seguridad republicana. El policía no es un hincha ni un peleador callejero; es el brazo ejecutor de la ley y el garante del orden social.
Cuando la persona encargada de reprimir el delito adopta los códigos del delincuente y prefiere el silencio antes que la denuncia, el desorden se transforma en sistema. Una verdadera vergüenza institucional que no solo desprotege a la comunidad, sino que insulta la memoria de los policías caídos en cumplimiento del deber.
