El plenario de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación reactivó el tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles tras el análisis de siete proyectos de dictamen presentados por diferentes bloques políticos. La discusión expuso una profunda fractura entre el modelo desregulador promovido por el Gobierno nacional —a través del proyecto encabezado por la senadora Patricia Bullrich— y los reclamos de los distritos bioenergéticos como Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, que alertan sobre un esquema a la medida de las empresas petroleras en detrimento de la industria transformadora de valor agregado.
Entre las iniciativas analizadas figuraron las propuestas de las senadoras Beatriz Ávila, Carmen Álvarez Rivero, Alejandra Vigo junto a Carlos Espínola, Flavia Royón, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, Jorge Capitanich y el texto oficialista impulsado por Bullrich. Aunque el debate formalizó modificaciones sobre el borrador inicial, las disidencias sobre los cupos de corte obligatorio y la supervivencia de las plantas locales dominaron la jornada.
Integradas vs. no integradas: el nudo del conflicto regional
El eje neurálgico del cruce parlamentario se concentró en el tratamiento diferencial entre las empresas integradas (grandes exportadoras agroindustriales con capacidad de molienda y escala global) y las pymes no integradas, radicadas principalmente en el interior del país para abastecer el consumo doméstico.
El texto en discusión estipula un corte obligatorio de biodiésel fijado en el 10%, distribuyendo un segmento del 5% para empresas integradas y un esquema protegido que desciende al 3% para las no integradas, con una vigencia temporal que se extendería hasta el año 2036 y un tope de concentración de mercado del 10% por compañía (equivalente a unas 60.000 toneladas).
Esta reducción generó el rechazo inmediato de los senadores que representan a las provincias con plantas elaboradoras. El senador santafesino Marcelo Lewandowski cuestionó duramente la regresión del cupo reservado: “La ley baja la participación de las pymes no integradas de 7,5 a 3%. Pierden más de la mitad del mercado frente a las empresas más grandes. Además, las no integradas compran el aceite y el metanol más caros de lo que se exportan; si la Secretaría de Energía vuelve a arbitrar a favor de las petroleras, la asimetría terminará castigando a la industria local y a los surtidores”.
En idéntica sintonía, la senadora cordobesa Alejandra Vigo ratificó que su espacio mantendrá la disidencia respecto al porcentaje asignado al sector: “El 3% para las no integradas no solamente es insuficiente, sino que no las pone en igualdad de condiciones. Esta ley tiene que generar equilibrio; de lo contrario, se desprotege a industrias que vienen invirtiendo y generando empleo federal genuino hace años”.
Desde San Luis, el senador Fernando Salino advirtió sobre el riesgo inminente de quiebra para las 25 pymes elaboradoras distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y territorio puntano: “El secretario de Energía cerró la discusión el primer día cuando dijo que ‘iba a haber ganadores y perdedores’. El dictamen que nosotros defendemos junto a las cámaras busca evitar que nuestras pymes queden entre los perdedores por una regulación que desatiende el transporte y la ubicación geográfica”.
La defensa oficialista: mercado electrónico y transición hacia la competencia
Frente a las objeciones, la senadora Patricia Bullrich y el senador neuquino Pablo Cervi defendieron la arquitectura del dictamen mayoritario, asegurando que la iniciativa amplía los plazos de adaptación y dinamiza las inversiones privadas articulándose con herramientas impositivas como el RIGI y el RIMI.
“El régimen original vencía en 2030; ahora se les está dando cupo, un tope para evitar monopolios y un horizonte hasta 2036. Es un tiempo prudencial para que todas las empresas puedan reconvertirse y pasar a un mercado competitivo y transparente”, sostuvo Bullrich, quien remarcó que las empresas no integradas mantendrán además la posibilidad de competir libremente por el 7% restante de la mezcla en un mercado electrónico abierto.
A su turno, Cervi puntualizó que el artículo 5° inciso C contemplará mecanismos ágiles ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para evitar abusos de posición dominante en la fijación de precios del aceite de soja crudo y el metanol para las plantas refinadoras.
Bioetanol: fórmula 6+6+3 y facultades a las provincias
En el segmento de las naftas, el dictamen propone un corte obligatorio total del 15% para el bioetanol. La estructura contempla una reserva de mercado del 6% para el bioetanol derivado de caña de azúcar (protegiendo la cuenca del NOA) y un 6% para el bioetanol de maíz, complementado por un 3% abierto a libre competencia, estableciendo un límite máximo del 20% de participación por empresa.
El senador chaqueño Jorge Capitanich expuso sus disidencias técnicas, señalando que la meta obligatoria debió alcanzar el 15% en biodiésel y el 18% en bioetanol: “Observamos una regresión en el cupo de las pymes no integradas. Necesitamos incorporar a las cooperativas agropecuarias y dar un marco específico a los biocombustibles de segunda generación, la biomasa forestal y el combustible sostenible de aviación (SAF)”.
Como válvula de escape a las diferencias regionales, el dictamen ratifica en su artículo 17 la habilitación a los gobiernos provinciales para dictar normativas locales que eleven los porcentajes de mezcla por encima del piso nacional obligatorio —siguiendo el antecedente de Córdoba—, al tiempo que se incorporó un tratamiento de excepción técnico conforme a normas IRAM para el gasoil utilizado en zonas frías patagónicas para prevenir problemas de gelificación en motores.
Con las firmas de disidencia aún sobre la mesa y marcadas advertencias sobre el impacto fabril en el Cordón Industrial santafesino y las economías del centro del país, el dictamen quedó al borde de su rúbrica definitiva para desembarcar en el recinto del Senado.
