En una medida que causó sorpresa e indignación en toda la región, las empresas de camiones atmosféricos que operan en San Lorenzo decidieron suspender la prestación de sus servicios en la ciudad como medida de fuerza ante el endurecimiento de los controles ambientales. El insólito cese de actividades se desencadenó luego de que la tripulación del helicóptero de la Policía de Santa Fe filmara en flagrancia a una unidad arrojando líquidos cloacales en la vía pública en inmediaciones de barrio Mitre, durante un megaoperativo de saturación y patrullaje preventivo.
Frente a la intervención de la Subsecretaría de Control Urbano y el posterior giro de las actuaciones al Juzgado de Faltas municipal para la aplicación de sanciones ejemplares, los transportistas respondieron con un lock-out operativo en reclamo por no poder continuar realizando descargas clandestinas en zanjones y caminos públicos.
La maniobra detectada desde el aire desnudó una práctica extendida y cotidiana en todo el Cordón Industrial, donde conviven servicios domiciliarios, retiros de efluentes fabriles y empresas de contenedores o volquetes que eluden los costos de tratamiento y depositan residuos sin ningún tipo de control volumétrico.
La brecha estructural: 100% de cloacas en San Lorenzo contra el 20% en la región
El conflicto deja al descubierto realidades sanitarias contrapuestas dentro del mismo departamento. En localidades como San Lorenzo y Puerto General San Martín, el impacto del paro sobre los vecinos es acotado, dado que ambas ciudades presentan una cobertura de red cloacal cercana al 100% de su ejido urbano.
El escenario es diametralmente opuesto en distritos vecinos como Fray Luis Beltrán o Capitán Bermúdez, donde la infraestructura cloacal apenas cubre el 20% de la población. En estas comunidades, miles de familias dependen de manera periódica del desagote de pozos absorbentes, quedando como rehenes de un esquema de transporte que habitualmente vuelca de forma irregular en las trazas rurales de Ricardone, Beltrán y Bermúdez para abaratar costos operativos.
En materia regulatoria, el esquema administrativo delimita con claridad las funciones del Estado: los municipios poseen la potestad de otorgar la habilitación comercial a las empresas y sus lugares de guarda vehicular, mientras que la potestad fiscalizadora y el control del impacto ambiental sobre el destino final de las cargas recaen sobre la Provincia de Santa Fe.
Resolución 145/07 y cómo es el protocolo legal
En diálogo con SL24, Sebastián Canavoso, responsable de Aguas Santafesinas, detalló el marco jurídico que rige el transporte y la disposición final de los efluentes sanitarios en el territorio santafesino.
“La resolución que normaliza a los camiones atmosféricos es la 145 del año 2007, de ámbito provincial santafesino. Allí se establecen con precisión los deberes y obligaciones tanto para los municipios como para los transportistas”, explicó Canavoso.
En tal sentido, el funcionario puntualizó: “Son los municipios los que habilitan a los camiones para ejercer la actividad dentro del ejido urbano. A los camiones atmosféricos la norma les especifica qué deben transportar —líquidos exclusivamente sanitarios— y qué no, quedando terminantemente prohibidos los residuos o efluentes industriales”.
Respecto al destino obligatorio de las descargas, Canavoso subrayó que los vertidos no pueden realizarse en el espacio público ni en bocas de registro comunes: “Deben descargar en plantas depuradoras de líquidos cloacales municipales o en centros de recolección de camiones atmosféricos autorizados, como los que operan en Rosario y en Villa Gobernador Gálvez”.
Requisitos y controles para no dañar las plantas depuradoras
Para que un camión atmosférico pueda volcar su carga en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, la normativa provincial y los prestadores sanitarios exigen un procedimiento técnico estricto:
- Constancia de admisión y legajo vehicular: La empresa debe tramitar una constancia de admisión mediante un formulario oficial donde se acreditan las pólizas de seguro vigentes, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la habilitación municipal y las licencias profesionales de los choferes.
- Guía de origen: El transportista debe exhibir la documentación foliada que certifique el origen de la carga, detallando el domicilio y cliente generador del efluente.
- Control in situ sensorial y físico-químico: Al ingresar a la planta, se practica una verificación visual y de olores en una cámara de observación, junto con mediciones inmediatas de pH y temperatura. La presencia de hidrocarburos, solventes, pesticidas, grasas flotantes o temperaturas superiores a 45°C motiva el rechazo instantáneo y el precintado de la cisterna para evitar la destrucción bacteriana del proceso biológico depurador.
- Muestreo de laboratorio: Se realizan análisis de laboratorio completos (DQO, sólidos sedimentables, metales pesados, cianuro e hidrocarburos) sobre el 5% de los camiones que descargan en las instalaciones.
El cese de tareas de los transportistas en San Lorenzo confirma que el núcleo de la controversia no radica en la falta de infraestructura de recepción, sino en la resistencia corporativa a someterse a las auditorías técnicas y a costear la disposición ambiental segura de los desechos que recolectan.
