El fallecimiento de Sergio Taselli cierra uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la historia empresarial y judicial reciente de la República Argentina, con un impacto nocivo directo en el Cordón Industrial santafesino. Taselli consolidó su fortuna y su cuestionado perfil público bajo una metodología sistemática: adquirir empresas al borde de la quiebra (como el emblemático caso de Parmalat, comprada por un euro), tomar el control de servicios públicos (como las concesiones ferroviarias que luego perdió) y recibir millonarios subsidios del Estado para mantener las estructuras productivas en stand by.
Su figura cobró especial relevancia durante la presidencia de Néstor Kirchner, consolidándose como uno de los empresarios elegidos por el poder político para absorber compañías en crisis bajo este esquema de financiamiento estatal y posterior vaciamiento.
En la región, el raid corporativo de Taselli dejó cicatrices profundas. Fue dueño de la ex fábrica de tractores Massey Ferguson en Granadero Baigorria, de la central termoeléctrica Sorrento en Rosario y de la Petroquímica Capitán Bermúdez. Fue precisamente en esta última planta donde consumó uno de los desastres más alarmantes de su gestión: tras adquirirla con su habitual modalidad, la abandonó por completo, dejando a la deriva toneladas de residuos altamente tóxicos.
Una bomba ambiental y el blindaje judicial
Los habitantes de Capitán Bermúdez conviven desde hace años con lo que los especialistas denominan una verdadera “bomba ambiental”, producto de la desidia empresarial y el abandono de los pasivos químicos en el predio de la petroquímica. Sin embargo, el desastre ecológico y sanitario fue sistemáticamente apañado por un entramado de impunidad política y judicial.
El avance de las causas penales contra Taselli por contaminación encontró una barrera infranqueable en los propios tribunales provinciales. El caso contó con la inacción y complicidad de fiscales como Patricio Serjal, exjefe de los fiscales de Rosario, quien posteriormente fue destituido y detenido por formar parte de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino.
Gracias a las maniobras de Serjal y a la defensa técnica ejercida por el abogado Mariano Cúneo Libarona (exministro de Justicia de la Nación), la causa por el desastre ambiental escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El máximo tribunal provincial terminó fallando a favor de Taselli, garantizando su sobreseimiento y blindándolo ante cualquier responsabilidad penal y económica por la remediación del predio.
Taselli murió impune. Mientras tanto, la comunidad de Capitán Bermúdez sigue expuesta al riesgo sanitario derivado de un pasivo ambiental que ni el Estado ni la Justicia obligaron a sanear.
