El dramático conflicto por los desarrollos urbanísticos comercializados por Grupo Roma sumó un nuevo y tenso capítulo institucional. Este lunes, cientos de compradores de lotes se presentaron en el Concejo Municipal de Rosario para exponer los sistemáticos incumplimientos en los plazos de entrega por parte de la desarrolladora, estimando que entre 800 y 1.200 familias continúan sin poder construir las viviendas para las cuales adquirieron los terrenos.
El mapa del conflicto abarca diversos emprendimientos en la región (Pueblo Esther, Zavalla, Soldini, General Lagos y Roldán), pero tiene uno de sus focos más críticos y conflictivos en Ibarlucea. En esta localidad del Cordón Industrial, el malestar de los compradores trascendió el reclamo corporativo y se transformó en una abierta declaración de furia contra las autoridades políticas. Los damnificados apuntan directamente contra la inacción del ejecutivo comunal, acusándolo de haber permitido durante años la comercialización indiscriminada de lotes sin exigir la infraestructura básica ni fiscalizar los plazos de obra.
El enojo radica en que las operaciones se realizaron hace tres, cuatro, cinco y hasta siete años. Los asistentes remarcaron con vehemencia que no realizaron inversiones especulativas, sino que invirtieron sus ahorros para levantar su vivienda única. “Nosotros no compramos un campo, compramos un desarrollo urbanístico”, sostuvo María Laura Rosa, una de las expositoras que graficó la frustración colectiva. La compradora detalló que, frente a las demoras, presentaron innumerables reclamos ante organismos municipales, comunales y provinciales, topándose con un Estado que miró para otro lado mientras la empresa incumplía los contratos.
Clausura, mesa de trabajo y registro de damnificados
El nivel de hartazgo encontró eco en el arco político rosarino. El concejal Juan Monteverde fue el más duro en su posicionamiento, calificando el accionar de la empresa como “una estafa masiva contra rosarinos”. El edil consideró que debe evaluarse de inmediato la clausura de las oficinas comerciales de Grupo Roma y propuso conformar un espacio institucional de reuniones periódicas para seguir el conflicto.
En paralelo, la presidenta de la comisión de Planeamiento y Urbanismo, María Fernanda Gigliani, tomó la iniciativa de avanzar con la creación de una mesa de trabajo formal. Del encuentro, que también contó con la participación de los concejales Ana Laura Martínez, Fabrizio Fiatti, Manuel Sciutto y Samanta Arias, surgió una propuesta clave impulsada por los propios vecinos: crear un registro unificado de damnificados, tomando como referencia el esquema aplicado históricamente en el caso Bauen-Pilay.
Mientras las herramientas de seguimiento legislativo comienzan a tomar forma, los compradores mantienen firme su exigencia por la entrega inmediata de los terrenos y la rendición de cuentas de las autoridades comunales involucradas.
