Una de las demandas institucionales y comunitarias más prolongadas del Cordón Industrial ingresó formalmente en su etapa de resolución definitiva. El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la firma del presidente Javier Milei, remitió a la Cámara de Senadores de la Nación el pliego para la designación de Emiliano Méndez Ortiz como el primer juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Lorenzo. La medida pone fin a un dilatado vacío institucional que demoró más de quince años y consolida la descentralización de la Justicia federal en una de las regiones económicas más gravitantes de la Argentina.
El proceso que desemboca en este avance parlamentario estuvo liderado de forma constante por el intendente Leonardo Raimundo, quien desde el inicio de sus sucesivas gestiones al frente del municipio sanlorencino articuló reclamos, expedientes y audiencias ante distintos gobiernos provinciales y nacionales, junto al acompañamiento del foro de abogados regional, instituciones intermedias y legisladores. El primer hito sustancial de esta cruzada se alcanzó con la puesta en marcha de la Fiscalía Federal local, pero la estructura permanecía incompleta ante la falta de un magistrado titular que garantizara la operatividad plena del juzgado en territorio sanlorencino, obligando a litigar o remitir expedientes críticos a los ya saturados tribunales federales de Rosario.
El peso del polo portuario y la necesidad de una Justicia de cercanía
La insistencia de Raimundo para instalar el fuero en la ciudad nunca se limitó a un requerimiento protocolar, sino que se apoyó en un diagnóstico objetivo sobre la matriz económica y delictiva de la zona. En cada encuentro de trabajo en los despachos ministeriales de la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, el mandatario local reiteró que San Lorenzo constituye la aduana más importante del país y la región con mayor tránsito de exportaciones de la Argentina, un escenario donde la densidad del comercio de granos, aceites y combustibles convive necesariamente con la proliferación de delitos de competencia federal que demandan intervención inmediata.
La radicación efectiva del juzgado busca dar una respuesta territorial y preventiva a problemáticas que van desde el narcotráfico y el lavado de activos hasta el contrabando fluvial y terrestre, los delitos tributarios, la trata de personas y las infracciones ambientales sobre la cuenca del río Paraná. Hasta el momento, la ausencia de un juez federal con asiento directo en la ciudad representaba un cuello de botella logístico y operativo para las fuerzas federales como Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía Federal, cuyas actuaciones debían coordinarse a distancia, ralentizando allanamientos y medidas cautelares urgentes.
El candidato seleccionado por el Gobierno nacional para asumir esta responsabilidad, Emiliano Pedro Méndez Ortiz, es un abogado de dilatada trayectoria técnica en la administración de justicia penal y en los tribunales de Comodoro Py, donde trabajó estrechamente en causas complejas de criminalidad económica y narcotráfico. Actualmente se desempeña en el Poder Ejecutivo nacional como subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y como coordinador de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico, lo que le otorga un perfil orientado a la articulación procesal y al despliegue territorial contra el crimen organizado.
Cinco pliegos estratégicos para el mapa judicial santafesino
La elevación del pliego para San Lorenzo forma parte de un paquete más amplio de acuerdos que el Gobierno nacional giró al Senado para cubrir vacancias históricas en la jurisdicción de Santa Fe, en el marco de la implementación del sistema acusatorio penal federal.
Entre las postulaciones remitidas por la Presidencia resalta la nominación de Franco Carbone como juez federal de Garantías con asiento en Rosario. Carbone, actual titular del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, cuenta con un fuerte reconocimiento en el territorio por su labor directa en la persecución penal de las bandas narco y las balaceras que azotaron al Gran Rosario durante los últimos años, lo que garantiza el desembarco en el fuero federal de un funcionario con profundo conocimiento del terreno.
La nómina enviada a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta se completa con los pliegos de Vanesa Druetta para desempeñarse en los juzgados federales de la ciudad de Santa Fe, Mariano Camblong para cubrir el juzgado con jurisdicción en Venado Tuerto y Guido Yercovich para ocupar el estrado federal de Rafaela. Con este paquete, el Gobierno busca dotar de operatividad plena al mapa judicial de una provincia que exige celeridad procesal y presencia de magistrados independientes para frenar el delito complejo en sus principales nodos urbanos y productivos.
