El debate por el nuevo régimen federal de biocombustibles ingresó en su recta definitoria en la Cámara de Diputados de la Nación con un fuerte trasfondo político. En el plenario conjunto de comisiones desarrollado este miércoles 28 de octubre, la representación del Poder Ejecutivo Nacional quedó bajo la responsabilidad directa del subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller. La presentación del funcionario adquirió un voltaje singular debido a que debió asumir la defensa integral del proyecto tras la reciente renuncia del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, considerado uno de los principales cerebros técnicos y redactores de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
Durante su alocución ante los legisladores de los diversos bloques, Veller subrayó que la propuesta parlamentaria no constituye una improvisación técnica, sino el resultado de dos años ininterrumpidos de rondas de consulta que incluyeron a elaboradores, cámaras de la industria, fabricantes automotrices, petroleras refinadoras, productores agrícolas y representantes de las provincias productoras. En su diagnóstico inicial, el funcionario sentenció que existe un consenso mayoritario en el sector respecto al fracaso de la actual Ley 27.640, sancionada en 2021, a la que acusó de portar un vicio de origen que paralizó las inversiones, generó capacidad ociosa e instauró un sistema perverso donde los funcionarios decidían a dedo qué empresas compraban, cuánto volumen se entregaba y a qué precio artificial se liquidaba el producto.
Salto en los cortes obligatorios y apertura al libre mercado
Al detallar los aspectos centrales de la reforma, el subsecretario hizo hincapié en que la columna vertebral del proyecto reside en su artículo 3, enfocado primordialmente en proteger los derechos del consumidor a través de la competencia, la eficiencia y la transparencia de precios. En ese sentido, remarcó que el texto impulsado originalmente desde el Senado por la senadora Patricia Bullrich termina con la incertidumbre regulatoria al brindar un horizonte de previsibilidad contractual fijado por ley a quince años.
En materia de mezclas en surtidor, la iniciativa promueve un salto cuantitativo relevante para el complejo agroindustrial. En el caso del biodiésel, elaborado masivamente en las terminales del Cordón Industrial santafesino, el piso obligatorio pasa del precario 5% actual —que facultaba discrecionalmente a la Secretaría de Energía a descenderlo hasta un 3%— a un corte firme del 10%, el cual solo podrá ser alterado de manera excepcional y fundada. Además, se habilita una ventana de expansión de hasta el 15% mediante el coprocesamiento de materias primas no fósiles en refinerías, multiplicando potencialmente por cinco la presencia de biocombustibles en el gasoil tradicional.
Para el bioetanol, el corte obligatorio escalará del 12% al 15%, formalizando el esquema voluntario que venía implementando el sector elaborador. A su vez, la norma consagra la introducción de motorizaciones flex en el parque automotor argentino, autoriza a las provincias a dictar esquemas propios de fomento para cortes superiores y establece el principio de libre acceso al mercado para cualquier inversor, implementando la figura administrativa del silencio positivo para impedir que la burocracia estatal trabe expedientes y habilitaciones. Para la fijación de valores comerciales, se suprimen las fórmulas de costos fijadas por despachos públicos, adoptando referencias atadas a la cotización internacional mediante subastas electrónicas transparentes y contratos libres a término entre privados.
El malestar con el Senado y la advertencia a las pymes del biodiésel
Uno de los momentos más tensos de la exposición de Veller radicó en el análisis del período de transición establecido para el biodiésel. A diferencia del bioetanol, donde las cuotas se eliminan desde el primer día con aval del sector, la cadena del biodiésel requirió un régimen transitorio para la reconversión de plantas pymes que no están integradas al crushing de soja y aducen desventajas operativas para competir en una subasta abierta frente a los gigantes agroexportadores de la región.
El funcionario reveló las tensiones internas en torno a los plazos de esa transición. Explicó que el Poder Ejecutivo pretendía originalmente un período de amortiguación de solo tres años, plazo que luego se extendió a cinco y que finalmente la Cámara de Senadores elevó a diez años, lo que equivale a dos tercios de la vigencia total de la ley. Asimismo, los senadores modificaron la definición técnica de las empresas no integradas y aumentaron el piso de cuota reservado para ese segmento durante la transición.
Con inusual crudeza, Veller admitió que el Gobierno nacional no se siente cómodo con esas concesiones introducidas en la Cámara alta, al considerar que colisionan con el espíritu de desregulación y libre mercado consagrado en el artículo 3. Sin embargo, ratificó que el oficialismo aceptó convalidar el dictamen del Senado en aras de alcanzar los consensos políticos indispensables para destrabar la ley. En esa misma línea, lanzó una terminante advertencia a los diputados que pretenden incorporar nuevos retoques en defensa de las pymes locales: advirtió que no existe margen para nuevas modificaciones y exigió que el proyecto sea votado tal como vino del Senado para evitar desnaturalizar la reforma y permitir una pronta reglamentación.
