El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un encendido reclamo político e institucional por parte de la provincia de Santa Fe. Tras la exposición del subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Horacio Veller, la vicegobernadora santafesina Gisella Scaglia tomó la palabra para defender con vehemencia la sanción del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles y cargar con dureza contra los legisladores que bloquearon la firma del dictamen en la jornada de este miércoles.
Scaglia recordó que el proyecto con media sanción del Senado es el resultado de casi tres años de negociaciones ininterrumpidas, articuladas en gran medida a través de la Liga de las Provincias Bioenergéticas, y de cinco meses de intensos debates en la Cámara alta. En ese sentido, calificó a la actual Ley 27.640 como una normativa nefasta que frenó el desarrollo del país y que convirtió al mercado en el negocio de unos pocos, recordando que ella misma, durante su mandato como diputada nacional, votó en contra de dicha ley junto a todo el bloque del PRO por considerar que perjudicaba deliberadamente a la matriz productiva del interior.
Plantas cerradas en Santa Fe y el desmentido sobre el empleo
Con un tono firme, la mandataria provincial refutó las advertencias de los sectores que aducen un eventual impacto negativo sobre los puestos laborales si se avanza con la desregulación y la subasta abierta. Scaglia invitó a los legisladores a recorrer el interior santafesino para constatar la realidad operativa de la industria: señaló que hoy no se observan plantas en plena actividad, sino establecimientos paralizados y cerrados por los límites artificiales que la ley vigente le impuso a la producción de biodiésel.
Al abordar el debate sobre las fuentes de trabajo, la vicegobernadora remarcó que la ecuación económica es radicalmente inversa a la planteada por quienes dilatan la votación. Aseguró que a mayor porcentaje de corte obligatorio en los combustibles fósiles, mayor será la demanda, el procesamiento industrial y la generación de empleo genuino en las comunidades donde están radicadas las plantas elaboradoras. Aunque reconoció que la aspiración inicial de Santa Fe era arrancar con un corte del 15% para el biodiésel, ponderó que la media sanción del Senado —que fijó el 10% obligatorio con opción de escalar al 15% mediante coprocesamiento— constituye el proyecto posible dentro del marco de consensos que requiere la República Argentina.
Críticas a las dilaciones y el alineamiento con la postura oficial
La mayor molestia expresada por Scaglia radicó en la falta de definición parlamentaria para emitir dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto. La vicegobernadora apuntó directamente contra las contradicciones partidarias y las presiones sectoriales, manifestando su angustia al observar que se frena la ley por los intereses de las empresas no integradas, aun cuando en el Senado se construyó un acuerdo transversal que cosechó 45 votos afirmativos por parte de las mismas fuerzas políticas que ahora muestran reparos en la Cámara baja.
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Las definiciones de la vicegobernadora santafesina coincidieron de lleno con el mensaje transmitido momentos antes por Horacio Veller ante las comisiones. El funcionario nacional había advertido taxativamente que el Poder Ejecutivo no admitirá nuevas modificaciones que desnaturalicen la reforma o extiendan indefinidamente la transición de diez años concedida a las pymes no integradas.
En el cierre de su alocución, Scaglia ratificó su absoluto respaldo al texto tal como llegó de la Cámara alta y dejó una frase contundente que resonó en el plenario: aseguró que prefiere esta ley a quedarse sin nada y tener que seguir convalidando un régimen que solo beneficia a un puñado de privilegiados mientras ahoga a la agroindustria santafesina.
