El sistema de riesgos del trabajo en Argentina atraviesa una paradoja estadística que enciende las alarmas del sector productivo. Mientras los índices reales de siniestralidad dentro de las empresas (accidentes comprobados en los lugares de trabajo) continúan un paulatino descenso año tras año gracias a las inversiones en prevención, la litigiosidad y las demandas contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no paran de multiplicarse, alcanzando picos históricos.
Este fenómeno, impulsado en gran medida por lo que en el ambiente legal se conoce como “la industria del juicio”, tiene un impacto directo y demoledor sobre los costos operativos de las empresas. El incremento artificial de los litigios se traduce irremediablemente en un aumento de las alícuotas que los empleadores deben pagar mes a mes para asegurar a sus plantillas.
Para desmenuzar esta problemática, el programa Expediente 24 (conducido por Nicolás Carugatti y Sebastián Darrichón) recibió en sus estudios a Adrián Acoroni, jefe de legales de ART de La Segunda. A lo largo de una extensa entrevista, el especialista delineó el complejo entramado que sostiene el fraude al sistema: desde la captación indebida de trabajadores mediante la compra de bases de datos, pasando por el “copy paste” en la redacción de demandas y la manipulación de testigos, hasta llegar a la subjetividad de los peritos médicos y la preocupante lentitud de la Justicia Penal de Santa Fe para investigar las estafas procesales.
La mentira de la captación: “Esto no perjudica a tu empresa”
Uno de los principales ejes de la charla giró en torno a las metodologías de captación de trabajadores para iniciar juicios laborales. En la era digital, es cada vez más frecuente observar en redes sociales publicidades engañosas que invitan a reclamar indemnizaciones millonarias. Según Acoroni, el gancho fundamental que utilizan los captadores (abogados, punteros o intermediarios) es una mentira deliberada.
“Siempre se utiliza y se utilizó como latiguillo para captar a un trabajador y que inicie un reclamo judicial, decirle: ‘Quédate tranquilo, esto no tiene nada que ver con la empresa. Es un juicio contra la ART, no vas a tener ningún tipo de incidencia con la empresa que te está dando trabajo’. Es un latiguillo que oculta el impacto económico que tiene detrás un juicio laboral o la creación de un siniestro falso”, explicó Acoroni.
El jefe de legales fue tajante al desmitificar esa afirmación: “Todo lo que es creado y captado indebidamente tiene su impacto en la empresa. La cuota económica que paga la empresa se calcula en base a pagos más reservas sobre esa póliza. Lo que no le está contando ese abogado a su cliente es que su reclamo tiene un impacto directo en la alícuota y en el costo que paga la empresa hacia la ART”.
Para Acoroni, si la dinámica fuera a la inversa y se blanqueara el costo real de estas demandas infundadas, el escenario sería distinto: “Yo creo que si le dijeran al trabajador ‘si yo le meto un juicio a la ART va a tener un impacto económico negativo en tu empresa’, el propio empleador regularía ese reclamo o el trabajador dudaría en hacerlo”.
Tráfico de datos y el armado de los “accidentes”
¿Cómo llega un estudio jurídico a contactar a un trabajador que quizás ni siquiera consideraba iniciar un reclamo? La respuesta, según advierte Acoroni, radica en el comercio ilegal de información y bases de datos, un accionar que traspasa la línea de la ética para convertirse directamente en un ilícito federal.
“La lista se forma sacando una base de datos de trabajadores de donde sea: desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde un sanatorio, desde un servicio de traslados, o desde un prestador de la propia ART. Todo eso provoca listados que se captan indebidamente y se venden a una persona que hace el contacto con el trabajador para iniciarle el juicio a la ART”, detalló el entrevistado.
La operatoria de captación se ha sofisticado al punto de la desfachatez. Acoroni relató situaciones insólitas con las que lidian a diario: “A nosotros nos llegan todos los días denuncias de empresas y de los propios trabajadores diciendo: ‘Tuve un accidente y no llegué ni a salir del sanatorio o a bajarme del traslado que ya me están llamando para decirme que tengo derecho a una indemnización’. Otros mensajes les dicen: ‘Soy un funcionario de la Superintendencia’ o ‘Tenés dinero para cobrar por el accidente, no te pierdas la oportunidad'”.
En muchos casos, el trabajador llega al estudio jurídico engañado creyendo que simplemente va a cobrar un dinero adeudado, y se encuentra con un escenario judicial ya montado. “Ahí te esperan con un poder, y según la jurisdicción, algunos ya te esperan con la última hoja de la demanda para que vos la firmes”, graficó.
El negocio del “copy paste” y la brecha de las incapacidades
Una vez que el trabajador firma, ingresa en una maquinaria judicial que Acoroni definió como un “canal de producción en serie hacia la mesa de entradas de tribunales”. Se trata de demandas idénticas, donde solo cambian los nombres, que denuncian patologías calcadas y que buscan eludir los filtros administrativos de las Comisiones Médicas para llegar a un terreno más “fértil”: los tribunales laborales y sus peritajes.
“Hay mucho de este ‘copio y pego’, mucho de un trabajador que trabajó en tal lugar y que repentinamente tiene todo un listado inmenso de patologías. Van primero al procedimiento de la Comisión Médica y, en disconformidad, acceden a la Justicia”, señaló.
La clave del negocio millonario de la industria del juicio no está en ganar litigios complejos, sino en la abismal brecha que existe entre lo que determinan las juntas médicas oficiales (Comisiones Médicas) y lo que luego dictaminan los peritos judiciales en los tribunales.
“Yo meto hoy un siniestro que es rechazado en Comisión Médica, o que me da un alta sin incapacidad (cero puntos). Voy a la Justicia, y ahí el perito me dice que tengo 17 o 18 puntos de promedio de incapacidad. Hoy, hablar de 18 puntos de incapacidad es una millonada de plata. Los puntos de incapacidad se actualizan semestralmente y hoy rondan $1.200.000 el punto. Estamos hablando de 20 o 25 millones de pesos por un reclamo que arrancó en cero”, ejemplificó.
Al ser consultado por los conductores de Expediente 24 sobre las razones que explican tamaña diferencia de criterio entre los médicos administrativos y los judiciales, Acoroni apuntó a un sistema que él mismo calificó como “perverso”: el modelo de honorarios.
“La brecha que se da está atada justamente a la regulación de honorarios de los peritos oficiales. Si nosotros pudiéramos auto-regularnos nuestros honorarios en la empresa en la que trabajamos, estimo que siempre tiraríamos hacia el alza. Esa es una herramienta perversa que tienen los peritos médicos: mientras más incapacidad determinan, más alta es su regulación de honorarios”, denunció el representante de La Segunda.
El modelo de cuerpos médicos especializados
Frente a esta distorsión, diversas provincias del país (como Mendoza, Córdoba y Río Negro) han avanzado en la conformación de Cuerpos Médicos Forenses o Especializados, integrados por profesionales que son funcionarios del Poder Judicial y que cobran un sueldo fijo, desligando sus ingresos del porcentaje de incapacidad que dictaminen.
En el caso de Santa Fe, Acoroni recordó que en el mes de abril de este año hubo una reforma orientada en ese sentido, abriendo el concurso para sumar peritos que intervengan en el 100% de las causas de riesgos del trabajo.
“Al ser funcionarios del Poder Judicial, quitamos ese condimento que presumimos que alzaba las determinaciones. Se quita la subjetividad y se le da objetividad a la tarea del cuerpo médico. Aunque los datos son incipientes porque la reforma arrancó en abril, ya se denota una pequeña baja en los promedios de las pericias oficiales. De mínima, quitar la subjetividad ya nos hará mirar con otros ojos esa conclusión absurda de ‘acá le da cero, allá le da 18′”, valoró.
La lentitud de la Justicia Penal santafesina
El fraude en las ART no se limita solo a inflar puntos de incapacidad. Involucra delitos tipificados en el Código Penal, como la estafa procesal, la falsificación de documentos y el falso testimonio. Sin embargo, cuando las aseguradoras acuden a la Justicia Penal santafesina para denunciar estas organizaciones ilícitas, se encuentran con un muro burocrático y una alarmante falta de impulso investigativo.
Acoroni trazó una dura comparación entre la provincia de Santa Fe y otras jurisdicciones, como Córdoba, donde recientemente se logró condenar a prisión a una decena de abogados y médicos caranchos gracias al impulso de los fiscales.
“Desde la instancia penal en Santa Fe, tengo que decirte que tenemos una doble vara de medición, porque no hemos tenido el dinamismo que esperamos de la Justicia. Por ejemplo, entre 2014 y 2015 presentamos 23 querellas por siniestros de autolesiones, donde grupos de trabajadores eran incitados por abogados y cirujanos a cortarse los tendones de las manos por necesidad económica. Al día de hoy, después de más de 12 años de proceso, recién ahora están entrando en juicio oral”, lamentó el abogado.
El “fraude como profesión” parece gozar de buena salud ante la desidia de los investigadores. “El que comete el fraude ve que del otro lado no hay tanto impulso. Las estructuras fiscales están colapsadas y las denuncias económicas de una ART no tienen el mismo orden de prioridad que los homicidios o el narcotráfico. Pero el desamparo se nota. Las últimas denuncias que formalizamos, como el caso de una simple lesión deportiva (alguien que se lastimó jugando al fútbol y quiso pasarlo como accidente laboral), ya pasaron por las manos de seis fiscales distintos en dos años”, relató con frustración.
Testigos truchos y el impacto en la inflación
La radiografía del fraude se completa con el armado de pruebas falsas en los juicios ordinarios. La utilización de testigos que declaran sistemáticamente en múltiples expedientes (testigos profesionales) es una práctica habitual que el sistema judicial laboral no logra filtrar con eficacia.
“Vemos un ‘copy paste’ de testigos que es totalmente común. Nos hemos encontrado con testigos ofrecidos que ni siquiera tenían una relación laboral con la empresa en la que decían haber estado al momento del accidente. Se da muchísimo en los accidentes ‘in itinere’ (en el trayecto al trabajo), donde el mismo testigo que estuvo en esa esquina, el mismo día aparece declarando en otro accidente a 10 kilómetros de distancia. También vemos radiografías truchadas de gente famosa presentadas por trabajadores de baja estatura. La verdad que hoy nosotros vemos eso y decimos: ‘No puede ser que esto camine como un juicio ordinario más'”, disparó Acoroni, exigiendo que el Poder Judicial cruce los datos digitalizados para desbaratar estas asociaciones ilícitas.
¿Cuánto le cuesta este festival del fraude al país? Las estimaciones del mercado asegurador son escalofriantes. Según Acoroni, antes de la pandemia se calculaba que el 13% de lo recaudado por el mercado se fugaba en cuestiones de fraude.
“Hoy en día, haciendo estimaciones, ese impacto pasó a casi un 17%. Sigue siendo un impacto muy significativo, sobre todo si nos comparamos con otros países donde el fraude no supera el 5%. Y este costo empresarial es un circuito vicioso: el empresario que paga ese costo de más, se da vuelta y lo transfiere directamente al precio de su producto. Y ese producto lo terminamos pagando toda la sociedad. Es un entramado inflacionario vicioso que pega en la economía de cualquier provincia”, concluyó el directivo de La Segunda.
