Los tribunales de San Lorenzo vuelven a ubicarse en el centro de un debate crucial por la protección del medio ambiente en la región. Sin embargo, la balanza de la confianza pública arranca el partido “desde el descenso”, luego de que el escandaloso caso de contaminación de Petroquímica Capitán Bermúdez quedara en la impunidad tras el reciente fallo de la Corte Suprema provincial. Hoy, todas las miradas se posan sobre Fray Luis Beltrán y el monumental pasivo ambiental que descansa en el predio de la ex AR Zinc.
El interrogante que atraviesa los pasillos de la Justicia y del poder político es claro: ¿quién debe hacerse cargo de la remediación de las 800.000 toneladas de residuos tóxicos? La disputa señala a dos gigantes corporativos: la multinacional Glencore, operadora histórica de la planta, y el holding Integra Capital, propiedad del poderoso empresario José Luis Manzano.
El fiscal a cargo de la investigación, Maximiliano Nicosia, brindó declaraciones a Cadena 3 Rosario donde trazó el rumbo penal de la causa. El funcionario judicial hizo referencia a que la empresa pertenece al grupo Glencore y adelantó que la investigación avanzará a una nueva etapa. De manera contundente, Nicosia aseguró que se vienen audiencias imputativas dirigidas específicamente hacia “ejecutivos de Glencore”.
La urgencia del accionar del Ministerio Público de la Acusación no es casual. El propio fiscal confirmó que un informe elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) constató de manera fehaciente que existe un peligro real e inminente de derrumbe de los residuos tóxicos sobre las aguas del río Paraná, una situación que generaría un desastre ecológico sin precedentes frente a las previsiones de crecida por el fenómeno de El Niño.
Por su parte, el intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, aportó una pieza clave al rompecabezas de las responsabilidades corporativas. El mandatario local aseguró que el predio fue efectivamente cedido a Integra Capital, la firma de Manzano que busca desarrollar allí un puerto exportador de minerales. No obstante, Cominelli fue tajante respecto a las obligaciones heredadas: aseguró que la empresa Glencore mantiene una responsabilidad solidaria ineludible, tanto en el fuero penal como en el civil, por el daño ambiental generado durante sus décadas de operación.
Mientras la fiscalía avanza con los pedidos de cese de estado antijurídico para obligar al apuntalamiento de las barrancas, la tensión entre los titulares del dominio y los generadores del pasivo tóxico marca el ritmo de un expediente que no admite demoras.
