El conflicto derivado de la desregulación de la navegación fluvial dictada por el Gobierno nacional ha comenzado a devorarse millones de dólares de la economía real y amenaza con saturar toda la infraestructura de almacenamiento del Cordón Industrial. En declaraciones radiales en el programa Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, expuso las severas derivaciones logísticas y comerciales que genera la parálisis total del servicio de practicaje en el río Paraná.
Según el último balance consolidado de las agencias marítimas, el bloqueo operativo ya mantiene a más de 45 buques de ultramar completamente parados en las diferentes radas y canales del sistema de la Vía Navegable Troncal. La perspectiva, de no mediar una tregua inmediata, es crítica de cara a las próximas horas: “A este momento estamos superando los 45 barcos. Y en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más por día y así sucesivamente”, advirtió el dirigente empresario.
Un “taxi logístico” de hasta 100 mil dólares por día
El freno de actividades —impulsado por los prácticos como rechazo al Decreto 690/2026 firmado por Javier Milei y Federico Sturzenegger— no responde a un conflicto de paritarias directas con las terminales, aclaró Idígoras. Sin embargo, su impacto financiero sobre la cadena agroexportadora es directo y devastador.
Al describir el costo que asumen los operadores por el tiempo en que los buques permanecen inmovilizados sin poder amarrar o zarpar del Up River, el titular de CIARA-CEC utilizó una metáfora elocuente:
“Cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50.000 y 100.000 dólares por día”, graficó Idígoras.
A estos exorbitantes cargos fijos por retrasos en los fletes marítimos internacionales se acoplan penalizaciones por incumplimiento de contratos comerciales, alteraciones en las ventanas de carga pautadas y una reorganización forzosa de toda la logística de transporte terrestre que abastece los puertos.
El peligro de entrar en la “lista de país sucio”
Más allá de la millonaria sangría diaria en divisas que afecta la recaudación nacional, la principal preocupación del sector exportador radica en las consecuencias a mediano plazo sobre la reputación internacional de las terminales del Gran Rosario.
“Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”, sentenció con preocupación Idígoras. En un mercado global de commodities altamente competitivo, las demoras crónicas deterioran la confiabilidad de los compradores, quienes automáticamente eligen redireccionar sus barcos hacia terminales competidoras, principalmente de Brasil.
Respaldo a los costos bajos, pero reclamo de una mesa de diálogo
Respecto al fondo del Decreto 690/2026, Idígoras ratificó que el complejo agroindustrial avala las políticas institucionales orientadas a desregular estructuras para abaratar los costos de exportación. No obstante, cuestionó con dureza los modos empleados por el Ministerio de Desregulación de la Nación al prescindir de canales de consulta previa.
“Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad”, sostuvo, señalando que la falta de una mesa de trabajo previa derivó en la actual parálisis.
Ante este cuello de botella y la ola de cédulas de intimación enviadas por el Gobierno a través de la Prefectura Naval, desde CIARA-CEC reclamaron una convocatoria urgente de las autoridades: “La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo hoy mismo para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar”.
Mientras la negociación sigue empantanada, las consecuencias operativas amenazan con trasladarse a los accesos terrestres: si los barcos no cargan, los silos se llenan, los cupos para camiones comienzan a cancelarse y toda la cadena del motor económico del país corre el riesgo de quedar bloqueada.
