La causa judicial comenzó el 3 de julio de 2013 cuando senadores nacionales del radicalismo denunciaron a Nilda Garré por haber cobrado “emolumentos” recibidos en tanto era titular del Registro de la Propiedad Automotor 57 de la Capital Federal, al tiempo que percibía sueldos por otros cargos públicos.
Ahora fue citada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi para el próximo 29 de agosto luego de cuatro pedidos que hiciera el fiscal del caso, Carlos Rívolo.
Para este último, Garré cometió el delito de defraudación contra la administración pública debido a la incompatibilidad de acumulación de cargos públicos. En su último pedido de indagatoria el fiscal señaló que de acuerdo a lo que se desprende del informe pericial “no queda ya ninguna duda de que la imputada Nilda Celia Garré, como titular del Registro del Automotor Capital Federal N° 57, percibió y dispuso libremente de los emolumentos resultantes de la actividad de dicho Registro, de manera simultánea con las remuneraciones correspondientes a los numerosos y diversos cargos de la administración pública que desempeñó, desde diciembre de 1995 (asunción como diputada nacional) hasta, por lo menos, el mes de marzo de 2017 inclusive ( mientras se desempeñaba, también, como legisladora)”.
Según se desprende del pedido de indagatoria del fiscal, cuando Garré terminó su mandato como diputada por el Frente de Todos en 2019, volvió a asumir su puesto como encargada titular del Registro 57. En marzo de 2020 cuando fue designada por Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, volvió a pedir licencia. En marzo de 2021 la Dirección Técnico Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que entre enero de 2017 y octubre de 2020 -cuando Garré era diputada y luego funcionaria de Defensa- fue ella quien hizo los “giros de recaudación” del Registro 57 al ministerio de Justicia. Luego los comenzó a hacer la mujer que designaron como interventora.
A raíz de esa información Rívolo señaló que: “Esto quiere decir que hasta el mes de octubre de 2020, Nilda Celia Garré seguía ejerciendo las funciones propias del Titular del Registro Seccional del Automotor N°57 y, en tal carácter, tenía pleno manejo y disposición de los emolumentos resultantes de la actividad de dicha dependencia, en una evidente situación de incompatibilidad por acumulación de cargos públicos”.
“De este modo considero que lo que importa aquí no es solo el destino que la Sra. Garré le haya dado a los emolumentos que percibió durante más de 20 años, sino el hecho de que, sencillamente, pudo disponer de ellos como si fueran propios, cuando en realidad se encontraba desempeñando funciones en otros cargos de la Administración Pública Nacional por los cuales, reitero, también percibió el salario correspondiente, y no cumpliendo tareas como encargada del Registro Seccional Capital Federal N° 57?.
La imputación abarca también otro hecho. Garré cobraba una jubilación al momento de ser electa diputada nacional en 1995 y cuando ocupó cargos en el gobierno de Fernando De la Rúa. Pero luego renunció al beneficio previsional. Para el fiscal, Garré incurrió en una nueva incompatiblidad al cobrar la jubilación, el sueldo como diputada y funcionaria y los “emolumentos” que producía el Registro de la Propiedad Automotor 57.
¿Dónde quedaron los ideales del ayer, cunado Garré militaba en la organización Montoneros y creía que la lucha armada era la vía para instaurar un sistema político justo y soberano en el país? Cualquier similitud con alguna otro situación que guarde alguna similitud en la región, no es mera casualidad.
Fuente: Infobae
