En la Argentina y en nuestra región se ha consolidado un fenómeno tan perverso como destructivo: la naturalización de la violencia en el fútbol como si fuera un comportamiento lógico. El imaginario popular y la complicidad dirigencial han construido la falacia de que, al cruzar la línea de cal, rigen códigos de excepción donde las leyes de la República y el Código Penal quedan suspendidos. La pasión no justifica el delito; la camiseta no es un salvoconducto para la agresión física.
Lo ocurrido este fin de semana en el partido entre Colón y Villa Felisa por la Liga Sanlorencina es una muestra cabal de esta degradación. Un jugador federado por la institución deportiva confrontó, forcejeó y agredió físicamente a un personal policial que cumplía servicio de seguridad. Sin embargo, el agresor no fue detenido en el acto.
La falta de penas ejemplares y el desgaste policial
La escena de los uniformados intentando disipar la situación sin proceder a la inmediata aprehensión del futbolista agresor tiene una explicación de fondo que va más allá del hecho puntual: el desamparo institucional y la ausencia de penas ejemplificadoras en el sistema penal.
Los efectivos en la cancha conviven con la frustración cotidiana de un esquema judicial que trata las agresiones a la autoridad como simples “escaramuzas deportivas”. El policía sabe que detener a un infractor en ese contexto implica un desgaste administrativo desmedido para que, horas después, el victimario recupere la libertad sin ninguna consecuencia penal concreta, mientras que el personal de seguridad queda expuesto a sumarios o represalias. Esa falta de respaldo y de sanciones contundentes ha terminado por desgastar el principio de autoridad.
La sombra de Cañada de Gómez: el precio de la impunidad
Esta tolerancia resulta inadmisible cuando la herida sigue abierta. Hace apenas unas semanas, la provincia y la propia Unidad Regional XVII quedaron conmocionadas por el brutal asesinato de un policía durante un torneo de fútbol en Cañada de Gómez, linchado y golpeado de la peor manera hasta perder la vida.
Aquel uniformado pertenecía a la misma fuerza y a la misma departamental que hoy custodia los partidos de la Liga Sanlorencina. ¿Cuántas vidas más deben perderse para comprender que una piña en un estadio no es “folclore”, sino un intento de homicidio o una agresión criminal? Permitir que un futbolista le levante la mano a un policía sin que existan consecuencias severas es abrirle la puerta a la próxima tragedia.
Una Liga que lleva décadas haciendo todo mal
La Liga Regional Sanlorencina de Fútbol, que acumula décadas de administraciones deficientes, connivencia y decisiones desacertadas, no puede limitarse a un informe del Tribunal de Disciplina con dos o tres fechas de suspensión. Las autoridades de la Liga deberían ser las primeras en presentarse en los tribunales para radicar una denuncia penal contra el agresor.
Si las instituciones deportivas renuncian a su deber ético, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los fiscales tienen la obligación legal de actuar de oficio. El video es público, el agresor está identificado y el hecho ocurrió a la vista de cientos de testigos.
El orden social es sólo fruto de instituciones fuertes, y esas instituciones deben estar conducidas por hombres y mujeres probos. Cuando los dirigentes callan, la policía se repliega y la Justicia relativiza la violencia, el resultado es la ley de la selva. Es momento de que caiga todo el peso de la ley sobre los violentos para que el fútbol de nuestra región deje de ser el escenario de la barbarie impune.
