Lo que para muchas familias debía ser el hogar soñado en el country Portal del Sol, ubicado sobre calle Urquiza, se ha transformado en una pesadilla de tres décadas. La reciente decisión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de retirar el único medidor que abastecía a todo el complejo ha dejado a 70 familias en la incertidumbre absoluta, pero, más allá del corte, el foco se traslada ahora hacia la responsabilidad de los funcionarios que permitieron este “milagro” de la irregularidad.
30 años de “picardías” bajo el amparo oficial
La normativa es clara: para habilitar un loteo, el desarrollador está obligado a ejecutar la totalidad de las obras de infraestructura, incluyendo los transformadores necesarios para garantizar la potencia demandada. Sin embargo, en Portal del Sol, esa norma fue letra muerta.
Durante 30 años, el desarrollo creció bajo la complicidad de la oficina de la EPE San Lorenzo. En lugar de exigir las obras de red eléctrica, los funcionarios locales permitieron que el barrio se conectara a una única boca de suministro. Este esquema, técnicamente inviable, provocaba que el transformador “explotara” periódicamente ante la demanda concentrada. Lo más grave es que, lejos de intimar al desarrollador, los mismos empleados de la EPE local acudían a reemplazar el equipo una y otra vez, manteniendo artificialmente un sistema que estaba destinado al colapso.
Intervención, desidia y falta de respuestas
El escándalo de Portal del Sol no es un hecho aislado. La oficina de la EPE en San Lorenzo atraviesa un proceso de intervención desde hace dos años, precisamente por la acumulación de desprolijidades en su gestión. A pesar de esta intervención, la situación de Portal del Sol no solo no se resolvió, sino que se dejó escalar hasta un punto de no retorno.
Mientras el desarrollador Carlos Garat —quien cobraba a discreción por el consumo eléctrico bajo este esquema informal— evadió sistemáticamente la inversión de 350 mil dólares necesaria para normalizar el servicio, los vecinos quedaron rehenes de una estructura técnica que no soportaba más carga.
La tragedia de 70 familias
Hoy, el panorama en el country es desolador. Aquellos propietarios que pudieron acceder a generadores a gas intentan paliar una situación de emergencia que, según denuncian, no tiene fecha de resolución. La falta de certidumbre es total: sin una obra de infraestructura que la EPE debió exigir hace décadas, el regreso del servicio eléctrico es, a día de hoy, una quimera.
El interrogante es ineludible: ¿Quiénes son los funcionarios que durante 30 años firmaron y permitieron esta operatoria? La inoperancia extrema o la corrupción sistémica en la sucursal sanlorencina han dejado a 70 familias sin un derecho básico. La sociedad exige explicaciones urgentes de las autoridades provinciales sobre por qué se permitió que esta irregularidad funcionara bajo el sello del Estado durante tres décadas.
