Una laburante y militante del Movimiento Evita, inició una demanda laboral contra el concejal de Rosario Mariano Romero y reclama $5.531.208, más intereses y costas, por un vínculo laboral que asegura que se extendió durante dos años y medio sin registración. Sara Nicole Marconi sostiene que trabajaba en la comunicación política del edil, cubría actividades y administraba redes sociales, pero que nunca obtuvo el reconocimiento laboral que reclama. “Tengo todas las pruebas y testigos que pueden confirmar que trabajé para Romero por dos años y medio”, afirmó en diálogo con SL24.
La demanda tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación de Rosario, a cargo de la jueza María Silvia Albertti. Según la presentación judicial, Marconi comenzó a desempeñar tareas el 29 de junio de 2023 y se consideró despedida el 12 de junio de 2026, luego de intimar al concejal a regularizar su situación.
La mujer, representada por el abogado Ramiro Díaz Albano, asegura que sus funciones incluían el manejo de redes sociales, la cobertura fotográfica y audiovisual de actividades políticas y barriales, y la producción y edición de contenidos vinculados al Movimiento Evita Zona Oeste y a la actividad de Romero.
En su comunicación con SL24, Marconi describió una dinámica de trabajo que, según afirma, no tenía horarios definidos. “Mi trabajo para Romero era 24/7 y ni siquiera me pagaba los viáticos. Tenía que estar cada vez que me necesitaba, ya sea en el Concejo o en algún acto de campaña en el que él participaba”, sostuvo.
La presentación judicial señala que trabajaba entre tres y cinco días por semana, incluidos algunos fines de semana, con jornadas que podían extenderse hasta doce horas. También afirma que percibía $100.000 mensuales y que no recibía pagos por horas extras, aguinaldo ni vacaciones, además de denunciar la falta de aportes y cobertura médica.
Telegramas, pedidos de aumento y mensajes
Marconi contó que intentó resolver la situación antes de acudir a la Justicia. Según su versión, envió un primer telegrama laboral en mayo de 2026 y luego remitió otras dos comunicaciones que, asegura, no fueron contestadas. La demanda documenta una intimación del 5 de mayo y señala que, tras la respuesta negativa que recibió, el 12 de junio comunicó que se consideraba despedida.
La trabajadora también señaló que había pedido un aumento, pero que el concejal se lo negó con el argumento de que “no había plata”.
Como parte de las pruebas, presentó telegramas, capturas de conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias e imágenes de las actividades que afirma haber cubierto. Según explicó, esos mensajes demostrarían que existía un vínculo laboral y que Romero conocía las tareas que realizaba.
“Romero dice que nunca le trabajé, pero tengo todos los mensajes de mi vínculo laboral con el concejal, donde incluso me dice que no me puede seguir pagando y que no necesita más mis servicios”, aseguró a SL24.
Espera un acuerdo y el reconocimiento de los años trabajados
La demanda fue admitida a trámite el 22 de junio de 2026. Posteriormente, el 24 de agosto, el juzgado fijó una audiencia para el 6 de noviembre de 2026, a las 9.30, y dispuso que la parte demandada presente la documentación requerida.
Mientras espera esa instancia, Marconi manifestó su intención de llegar a un acuerdo y evitar que el conflicto se prolongue. Según expresó, busca que se reconozcan los años en los que asegura haber trabajado para el concejal y que se aclare públicamente la naturaleza del vínculo. “Romero bien sabe que yo le trabajé hasta enferma porque no me pagaba ni la mutual”, afirmó.
La defensa niega la relación laboral
Por su parte, Romero solicitó el rechazo íntegro de la demanda. En su contestación reconoció que Marconi participó en actividades de comunicación, redes sociales y difusión dentro del Movimiento Evita, pero sostuvo que lo hizo de manera voluntaria, en el marco de su militancia política y sin que existiera una relación laboral remunerada.
El concejal negó haberla contratado, establecido horarios de trabajo, ejercido facultades propias de un empleador o abonado un salario. Respecto de las transferencias por montos cercanos a los $100.000, afirmó que provenían del Concejo Municipal de Rosario y correspondían a subsidios destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
Por ese motivo, su defensa solicitó que el Concejo informe si Marconi fue beneficiaria de esas ayudas económicas, las fechas y los montos otorgados, su finalidad y los antecedentes administrativos correspondientes. También cuestionó los conceptos incluidos en el reclamo y la base de cálculo utilizada para determinar la suma demandada.
