Por: Nicolás Carugatti
El inicio de la cosecha gruesa en nuestra región, marcada por la llegada de miles de camiones por día, no es solo un indicador económico; es también el comienzo de una macabra ruleta rusa para transportistas, vecinos y trabajadores. En menos de 24 horas, dos accidentes graves han vuelto a marcar el ritmo de una tragedia evitable. La supuesta “bendición” de albergar uno de los mayores complejos agroexportadores del mundo se transforma, año tras año, en una condena para quienes transitamos el Cordón Industrial.
Los números que llegan desde las oficinas técnicas son contundentes: solo en el mes de marzo, el ingreso de camiones de maíz alcanzó el récord histórico de 166.974 unidades. Esto representa un incremento del 314% respecto al mes anterior, movilizando un volumen superior a las 5,3 millones de toneladas. Sin embargo, este flujo masivo de divisas circula sobre una infraestructura nacional y provincial que parece detenida en el año 1900, cuando la cosecha llegaba literalmente en bolsas y era subida a los buques por estibadores.
La realidad en el asfalto desmiente cualquier discurso de modernidad. Esta misma mañana, en el kilómetro 17 de la Autopista Rosario-Santa Fe, la congestión vehicular derivó en un triple choque que dejó a un conductor atrapado entre los hierros, obligando a un desesperado operativo de rescate y al descenso de un helicóptero sanitario en plena calzada para su traslado al HECA. Horas antes, en el cruce de Bv. Oroño y la Autopista, otro camionero terminaba en la banquina tras una maniobra forzada por el colapso logístico.
A la falta de calzadas adecuadas se suma un dato que roza lo criminal: el 100% de los pasos a nivel por donde transitan estos miles de camiones no tiene barreras. No es un error de tipeo; en la región que mayores recursos genera para la Argentina, la seguridad ferroviaria es inexistente.
Todas las discusiones de palacio y los debates políticos quedan reducidos al ridículo cuando los camiones empiezan a llegar. La inversión necesaria para estar a la altura de lo que este sector produce debería ser una política de Estado innegociable. Una política que, por sobre todas las cosas, respete la vida de los habitantes de San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, quienes desde hace 30 años ven cómo sus vecinos y familiares se transforman en estadísticas en estas rutas infames.
Mientras Argentina improvisa el intento de ser un país serio, los muertos siguen llenando las planillas. Es hora de que el Estado deje de mirar la recaudación y empiece a mirar a la gente que sostiene, con su vida, el motor del país.
