La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial sumó un nuevo capítulo y tiene sello local. Una jueza oriunda de San Lorenzo, hoy a cargo del juzgado de Responsabilidad Juvenil de Rosario, en una resolución que no pasó desapercibida, anuló un procedimiento policial realizado bajo la utilización del sistema “Lince”, un eje central en la estrategia de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro.
El fallo que marcó la cancha
El núcleo del conflicto es la interpretación de la “flagrancia”. Mientras la administración provincial busca agilizar el accionar policial —impulsando reformas que permitan allanamientos más rápidos y sin tanta burocracia previa ante la sospecha de delitos en curso—, la jueza sanlorencina se plantó.
En su resolución, la magistrada consideró que el procedimiento, realizado bajo la lógica del sistema Lince, vulneró garantías fundamentales. Para la jueza, no bastan las atribuciones otorgadas por el gobierno para que la policía actúe discrecionalmente; según su criterio, el Estado debe demostrar elementos de convicción suficientes que justifiquen el ingreso a una propiedad o la detención, algo que, en este caso, fue considerado insuficiente o irregular.
El gobierno provincial, en pie de guerra
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Desde el entorno del mandatario provincial ven este tipo de fallos como una “piedra en el zapato” que desarticula la política criminal que intentan llevar adelante. Para los funcionarios de Pullaro, la burocracia judicial termina siendo funcional a la impunidad y limita las herramientas que se le dieron a las fuerzas de seguridad para controlar el delito en las calles.
“Es una traba”, deslizan desde el Ejecutivo, donde insisten en que la situación de inseguridad requiere una respuesta dinámica, no un freno en la puerta de entrada de un allanamiento que, según ellos, era necesario.
Una sanlorencina con reconocimiento adacemido
Para el lector de SL24, el caso tiene un condimento extra: quien puso el freno a las pretensiones de la Casa Gris es una magistrada de nuestra ciudad. El hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate que divide las aguas en Santa Fe: ¿Dónde termina la facultad de la policía para prevenir el delito y dónde empiezan los derechos individuales que el juez debe resguardar?
La decisión de la jueza no es un hecho aislado, sino una señal de resistencia de parte de un sector de la magistratura que observa con cautela la expansión de facultades policiales. Mientras el gobierno de Pullaro apuesta todo a que la calle sea el terreno donde se gana la seguridad, la Justicia recuerda que, sin garantías, el camino hacia el orden puede terminar en una puerta cerrada por un juez.
Este fallo abre una incógnita sobre el futuro de los procedimientos “Lince” en la región. ¿Será este el inicio de una serie de anulaciones que obliguen a la provincia a revisar sus protocolos, o estamos ante un choque de poderes que terminará definiéndose en instancias superiores? Por lo pronto, en San Lorenzo, la justicia ya dio su veredicto.
