Editorial

La ley ómnibus y la industria del Biodiesel un llamado a reglamentar el lobby en Argentina

Por Nicolás Carugatti


La Ley de Regulación Federal del Lobby de 1946 es un estatuto promulgado por el Congreso de los Estados Unidos para reducir la influencia de los lobistas. Su objetivo principal era proporcionar información a los miembros del Congreso sobre quiénes ejercen presión sobre ellos. Sin embargo, en nuestro país, la actividad de lobby no está regulada. Contrariamente, la política no proporciona ninguna explicación sobre con quién se reúnen y qué intereses sectoriales defienden. Son los medios de comunicación los que filtran, según los intereses de los protagonistas, versiones tanto «off the record» como «on the record» de funcionarios, empresarios y legisladores que intentan ejercer algún tipo de presión sobre los tomadores de decisiones.

La historia reciente del lobby en torno a los biocombustibles y la promulgación de leyes que regulan su funcionamiento ofrece un ejemplo claro de esta falta de regulación. Durante el kirchnerismo, con el respaldo del exgobernador de Santa Fe y legisladores provinciales como Marcos Cleri, se trabajó abiertamente en favor del lobby petrolero liderado por Máximo Kirchner, con el objetivo de reducir el corte de biocombustible del 10% al 5%. Las motivaciones detrás de estas modificaciones y el papel de cada actor quedan sumidos en la nebulosa de las especulaciones, generando la percepción de opacidad en el proceso.

En la actual lucha por la nueva ley de biocombustibles, se suman los lobbys de la industria aceitera y el de las pymes. En el caso de las pymes, se añade la necesidad de mantener ciertos privilegios de concentración del mercado, donde algunos actores encontraron lagunas legales para mantener una cuota dominante en este mercado altamente regulado. Estos problemas fueron denunciados en los medios por sectores que se vieron perjudicados en estos años.

Los secretarios de producción y energía de las provincias productoras de biocombustibles han firmado un documento con cambios y modificaciones en la ley ómnibus. Sin embargo, ninguno de los firmantes, debido a la falta de una ley que regule el lobby, hizo pública la información sobre con qué actores de la cadena se reunieron o cuáles fueron los intereses en juego.

En este contexto, es necesario abogar por la transparencia en una actividad que, aunque contribuye a agregar valor, hoy en día se percibe de manera negativa. La regulación del lobby podría ser un paso importante para entender mejor los procesos decisionales y promover la rendición de cuentas en la esfera política.

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