El Senado de la Nación ingresó en una semana de extrema tensión política y económica alrededor del futuro del régimen de biocombustibles en la Argentina. La Comisión de Minería, Energía y Combustibles buscará firmar dictamen de mayoría este miércoles sobre el proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza. La iniciativa cuenta con el respaldo explícito de las grandes compañías nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), pero desató un profundo malestar en las pequeñas y medianas empresas no integradas radicadas en Santa Fe, San Luis, Córdoba y Buenos Aires.
El núcleo de la controversia quedó al descubierto durante la última reunión de comisión. Al momento de defender las modificaciones del texto, Bullrich dejó una definición que encendió todas las alarmas en el sector agroindustrial: “Existe una propuesta que tiene el consenso de lo que para nosotros es lo más importante en este sentido, que es YPF, que nos permite de alguna manera generar un mercado que satisfaga a todos”.
La paradoja: una ley verde condicionada por la mayor petrolera
La explicitación de que el proyecto se moldea a la medida de la petrolera de bandera —que posee el 51% del share del mercado de combustibles líquidos y marca el pulso tarifario en los surtidores— expone un marcado contrasentido conceptual: una legislación concebida teóricamente para impulsar las energías renovables, la transición energética y el agregado de valor en origen termina supeditada a los márgenes operativos de la refinación fósil.
Históricamente, las petroleras han resistido el incremento de los cortes obligatorios de biocombustibles argumentando un encarecimiento en sus costos operativos y de logística. En un mercado donde la capacidad de refinación local no se expandió, donde gigantes multinacionales como Shell se retiraron de la refinación y distribución doméstica, y donde el país continúa dependiendo de la importación de gasoil para cubrir picos de consumo, el Gobierno optó por blindar la ecuación económica de las refinerías antes que acelerar el mandato bioenergético.
La fórmula del 10% + 5% y el ingreso del coprocesamiento
Esta concesión a las refinadoras se plasmó en el diseño de los porcentajes de mezcla. Bullrich descartó la propuesta de elevar el corte puro al 11% —como reclamaba la senadora santafesina Carolina Losada— y ratificó un tope obligatorio del 10% para biodiésel, abriendo además una ventana estratégica para las petroleras a través del 5% optativo de coprocesamiento.
El esquema habilitará a las propias refinerías a procesar biomasa (aceites vegetales) directamente dentro de sus torres de destilación de hidrocarburos, gozando para ese volumen de las mismas exenciones tributarias sobre los combustibles líquidos que tienen los biocombustibles puros. De este modo, se llega a un 15% formal en los papeles, pero cediendo un tercio de esa cuota a la propia industria petrolera.
El plazo fatal de 2031: la supervivencia de las pymes no integradas
El segundo frente de conflicto es la fractura del mapa empresarial. Las grandes aceiteras integradas —con plantas a la vera del Río Paraná que muelen soja a escala global— celebran la posibilidad de competir en el mercado interno. Por el contrario, las pymes elaboradoras no integradas denuncian que la libre competencia contra estos gigantes las dejará fuera de mercado y las conducirá al cierre definitivo.
Para amortiguar el impacto, el senador neuquino Pablo Cervi (La Libertad Avanza) detalló que el proyecto contempla un régimen de transición para respetar los derechos adquiridos bajo la ley vigente:
- Hasta 2030: Se reservará un corte mínimo del 5% exclusivo para las plantas no integradas, dejando el 5% restante a la libre competencia entre integradas y no integradas.
- Año 2031: La cuota protegida para las pymes bajará al 3%.
- A partir de 2032: Desregulación absoluta, eliminación de cupos por fábrica y competencia plena en el mercado.
Desde las provincias productoras alertan que una transición de apenas cinco años es insuficiente frente a la asimetría financiera y operativa de las multinacionales exportadoras.
Los cambios técnicos expuestos por Cervi
Durante su intervención, Cervi detalló los artículos modificados tras las reuniones informativas con el sector:
Acceso a materia prima (Art. 5): Se incorporó la intervención temprana de la Autoridad Nacional de la Competencia para actuar ante simples indicios de prácticas anticompetitivas o sobreprecios en el suministro de aceite crudo y metanol para las pymes no integradas.
Criterio de abastecimiento (Art. 12): La autoridad de aplicación sólo podrá alterar excepcionalmente los porcentajes de mezcla por razones sociales, económicas o ambientales debidamente fundadas.
Mercado electrónico y subastas (Art. 14): Se amplió la definición operativa para evitar que el término “mercado” se interprete como un esquema regulado, incorporando subastas de oferta global.
Precios y paridad de importación (Art. 16): Se eliminó el esquema de precios máximos fijados por el Estado y se instauró el precio libre con un techo testigo basado en la paridad de importación (si se supera dicho valor, se activan los mecanismos correctivos del artículo 24).
Combustibles de aviación (Art. 22): Se introdujo una cláusula de flexibilidad para exceptuar del corte obligatorio a los combustibles destinados al transporte aéreo internacional, ajustándose a convenios aeronáuticos globales (SAF).
Cruces políticos y advertencias por pérdidas de fuentes de trabajo
El debate parlamentario expuso también las tensiones federales. El senador puntano Fernando Salino cuestionó el apuro del oficialismo y la desatención a las economías regionales: “El oficialismo dijo cuando empezó el debate que iba a haber ganadores y perdedores; nos están poniendo entre los perdedores y no se nombró a San Luis, donde las pequeñas empresas están perdiendo puestos de trabajo”. Al mismo tiempo, Salino coincidió con legisladores de Jujuy en la conveniencia de separar el tratamiento del bioetanol (donde existe mayor consenso) del conflicto irresuelto del biodiésel.
Sin embargo, Bullrich rechazó cualquier desdoblamiento y ratificó que el oficialismo dictaminará ambos combustibles en un solo paquete: “Proponemos dictaminar biodiésel y bioetanol juntos. Esto es lo que el gobierno cree que es una salida consensuada que le da a todos la posibilidad de la reconversión”.
Con el texto de dictamen circulando entre los despachos de los bloques, el Senado definirá este miércoles si convalida el modelo reclamado por YPF y los gigantes agroexportadores o si la resistencia de las provincias productoras logra forzar cambios para salvar a las pymes del interior.
