Diversas organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos y militantes sociales y políticos adhirieron a un documento conmemorativo a este 24 de marzo, día que en el año 1976, una junta de militares asaltó el poder constitucional, derrocó a la entonces presidenta María Isabel Martínez de Perón y se perpetuó durante años en la Casa Rosada desatando uno de los períodos más oscuros de la historia del país, con represión, asesinatos y desaparecidos ejecutados por un aparato clandestino y respaldado por una política de terrorismo de Estado.
El Cordón Industrial no fue la excepción de lo que sucedía en toda la Argentina y militantes políticos, sindicales y sociales fueron devorados por esa impunidad; hubo muertos y desaparecidos y recién luego de casi 40 años de aquella pesadilla, la justicia condenó a algunos de esos responsables.
Organizaciones y militantes sociales y políticos de la región, emitieron un documento conmemorativo a este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
No hay marcha, pero sí memoria.
A 45 años del golpe genocida, la lucha no desaparece, 30 mil compañeros y compañeras presentes en un mismo grito.
El golpe de 1976, aunque no fue el único en la historia de nuestro país, simboliza y representa el más sangriento y certero ultraje a la memoria histórica, porque tiene la marca del GENOCIDIO, con toda la rigurosidad que este concepto encierra.
No hay lugar para teoría de los dos demonios ni para hablar de guerra: el TERRORISMO de ESTADO ES GENOCIDIO.
Las fuerzas represivas comenzaron sus ensayos antes del golpe. En febrero de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón firma el decreto para el “aniquilamiento de la subversión” en la Provincia de Tucumán, la cual se lleva a cabo mediante el Operativo Independencia, que arroja un saldo de miles de torturados y torturadas, asesinados y asesinadas, desaparecidos y desaparecidas.
Al mes siguiente, en nuestra región, en la madrugada del 20 de marzo de 1975, cuatro mil efectivos de fuerzas represivas invadieron la ciudad de Villa Constitución, trasladados en una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones. También participaron de la invasión matones de la derecha sindical ligados a la Triple A. ?El Ministro del Interior lo denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná”. En dicho operativo secuestraron a cientos de trabajadores, 15 de ellos asesinados. Todo con la complicidad de lxs directivxs y jefes de personal de la empresa Acindar que por aquél entonces el presidente del directorio era Martínez de Hoz, posteriormente ministro de economía de la dictadura genocida quien facilitó que dentro de la planta se montara un centro de tortura.
Esa política represiva y genocida, se profundiza durante la presidencia interina de Ítalo Lúder, quien mediante otros decretos extiende a todo el país lo dispuesto para Tucumán, creando para tal fin el Consejo de Seguridad Interna y el de Defensa.
Ese “disciplinamiento” fue indispensable para las profundas transformaciones operadas en el seno de la estructura económico-social argentina.
Pero hablar del 24 de marzo, es sintetizar la puesta en marcha de la maquinaria aniquiladora de una generación como condición excluyente para la implementación de un modelo de país antagónico a los aires que recorrían toda América del Sur.
Una puesta en marcha a sangre y fuego. Movimientos de trabajadores, estudiantes, vecines y religioses convencidos de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad solidaria y con justicia social. Hombres, mujeres, conscientes de su lucha por la revolución y la liberación nacional, revolucionarixs y combatientes, con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, pero con la convicción compartida de que un futuro de justicia e igualdad se debía construir en un compromiso cotidiano.
Hoy, es ese mismo estandarte de compromiso el que por sobre las diferencias, los aciertos y los errores, nos sigue convocando en este Cordón industrial, con todas sus luces y sombras.
Lo hacemos en memoria de un gran compañero que falleció recientemente: Juane Basso, periodista y referente de la agrupación “Hijos” y del Espacio Juicio y Castigo.
Como cada año, la lucha de les familiares de las víctimas y les sobrevivientes del Cordón se transforma en uno de los pilares más importantes que nos impulsa como también la imperiosa necesidad de manifestarnos unidos ante la derecha golpista.
Describir las principales medidas económicas de Martínez de Hoz es entender las medidas gobierno implementadas por Menem y Macri: flexibilización laboral, ajuste, despidos, aumento exponencial de la pobreza y endeudamiento externo, hipotecando el futuro de varias generaciones.
Hoy el deber del gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández es desandar ese camino con fuerte iniciativa y convicción política.
Uno de los mayores problemas en materia de Derechos Humanos es el de les preses políticxs del macrismo, quienes no pueden pasar un día más tras las rejas. Con preses políticxs no hay democracia, indulto ya para les compañeres!
En el plano económico lo es el de la deuda externa. Recordemos que la dictadura genocida la multiplicó exponencialmente y que incluso estatizó la contraída por mega empresas privadas.
Celebramos que el Estado Nacional impulse una querella criminal contra los responsables del último préstamo otorgado por el FMI a Mauricio Macri; pero si como dijo el propio presidente, fue la mayor defraudación y malversación de caudales de la historia argentina, esa deuda es ilegal e ilegítima y por ende no debe pagarse. LA DEUDA ES CON EL PUEBLO.
La tierra arrasada que dejó el gobierno de la alianza “Cambiemos”, tiene su triste correlato en nuestro Cordón Industrial, que ya había sido golpeado ferozmente por el neoliberalismo de los años 90 con centenares de despedides de grandes empresas. Ahora es el turno de Buyatti en Puerto San Martín, dejando a 73 trabajadores y sus familias en la calle, argumentando falsamente que están en crisis, cuando en realidad el cierre sólo obedece a una mera estrategia de negocios.
Junto a los Nardelli, Padoan y Vicentin, los Buyatti controlan un patrimonio de 630 millones de dólares. A ese entramado se vincula la firma que ahora se declaró en crisis en Puerto San Martín y que pretende despedir a sus empleados pagándole la mitad de la indemnización.
Por otra parte, sigue el conflicto en la planta de Guerrero en San Lorenzo con 23 trabajadores despedidos, con el agravante de una inusitada represión policial a la protesta y encarcelamiento de Secretario Gremial de la seccional Rosario de Smata, Román Moyano.
Exigimos que las autoridades Nacionales, Provinciales y locales tomen cartas en este asunto. Ni un solo despido más en el cordón
Párrafo aparte merece la gran estafa del Grupo Vicentín y la frustrada estatización propuesta por el Gobierno Nacional y boicoteada por el poder económico y judicial.
Por eso es necesario retomar la iniciativa para que la expropiación sea un hecho, donde se garantice la participación de les trabajadores, para decidir sobre un área estratégica para la Nación, que permitirá mejorar las condiciones de trabajo, la economía de la región y el país. QUE LA DEUDA LA PAGUEN LES QUE SE ENRIQUECIERON.
Asimismo, reiteramos la exigencia de juicio y castigo para los crímenes de lesa humanidad cometidos por les directivos y jefes de personal de dicha empresa durante la dictadura, cuando secuestraron decenas de trabajadores, algunos llevados desde la propia planta en el norte de la provincia.
Nuestra provincia y nuestra región sintetizan en varios aspectos bien tangibles las consecuencias del terrorismo de Estado en el plano económico y la continuidad en las violaciones a derechos fundamentales en la actualidad:
Es necesario acabar con el ECOCIDIO que produce el modelo extractivista sojero agrotóxico y transgénico, que en nuestra zona es de especial importancia.
En 2020 miles de hectáreas de nuestras islas fueron incendiadas intencionalmente para implantar este modelo en esas zonas. Es urgente la sanción de la ley para proteger nuestros HUMEDALES y exigimos juicio y castigo para los responsables de los incendios.
Asimismo, rechazamos cualquier proyecto que intente instalar mega granjas porcinas que afectarían gravemente nuestro medio ambiente.
También expresamos nuestro rechazo a una nueva privatización de la hidrovía. Es imprescindible su estatización con participación popular y fundamentalmente de organizaciones ambientalistas que velen por la protección de los ríos en tanto parte de nuestro ecosistema y no como una mera superficie para explotar y concentrar riquezas.
Es paradójico que esa acumulación de riquezas no pueda garantizar pleno ejercicio de derechos elementales como el acceso a la salud. El cordón industrial, corazón del modelo agroexportador, no cuenta con atención sanitaria acorde a las necesidades de su población ni a la producción de riquezas de esta zona. Situación que se vio agravada por la pandemia de coronavirus.
Por otra parte, el crecimiento de la violencia de género, los femicidios y las desapariciones encuentran en la ciudad de San Lorenzo una referencia tan trágica como dignificante por la búsqueda de justicia por parte de su familia: La desaparición de Paula Perassi cuya trama de impunidad por acción y omisión del poder judicial y político no permitió aún, a pesar de las condenas impartidas, esclarecer dónde está el cuerpo de Paula. No es algo menor que los cinco policías acusados, fueron absueltos
Sin dudas, durante el año pasado también sufrimos otra pandemia: la de los femicidios con casos extremadamente graves como el de Florencia Gómez, militante política y referente feminista de la ciudad de San Jorge, quien fue brutalmente asesinada sin que al día de la fecha se sepa quién fue el autor; o el recientemente caso de Úrsula Bahíllo quien fue asesinada a pesar de denunciar reiteradamente a su ex pareja sin lograr resultados, lo que desnuda la desprotección y desamparo en el que se encuentran las víctimas de violencia de género. Durante 2020 se produjeron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las cuales 270 son femicidios directos, femicidios vinculados y trans travesticidios. Asimismo, hubo 270 intentos de femicidios y 300 niñes se quedaron sin madre.
Por eso hoy más que nunca exigimos la EMERGENCIA en violencia de género, y que en todos los municipios se creen áreas específicas y diversidad con políticas efectivas al respecto.
Otra vez, el cordón industrial es noticia por la complicidad entre el poder político, judicial y económico con el crimen organizado.
Hace dos años se denunció una red de trata en la ciudad de San Lorenzo dedicada a la explotación sexual de mujeres menores y adultas, y al tráfico de estupefacientes: la denominada banda de “la Mamu”. Entre la decena de acusados, además de regenteadores, fueron señalados miembros de la Policía de Santa Fe, y del poder político. Sin embargo, el tiempo pasó y no hubo novedades que afirmaran o desmintieran lo denunciado a pesar de la gravedad institucional que el caso conlleva.
Gravedad institucional que ahora abarca a la provincia en su totalidad cuando el senador de nuestro departamento es señalado como organizador de una banda de dedicada al juego clandestino con nexos con el narcotráfico y es respaldado por el Senado en su conjunto, y por la vicegobernadora, impidiendo que sea investigado en virtud de un privilegio monárquico como lo son los fueros.
Los prostíbulos, el narcotráfico, los puertos secos y húmedos, el juego clandestino, la desaparición de personas y la trata, forman una enorme estructura delictiva que cuenta con amparo político, policial y judicial, con fuerte vinculación a los sectores financieros que operan los circuitos de blanqueo del dinero.
Hace un año, considerábamos una victoria de la lucha popular el proyecto de creación de un Juzgado Federal para la ciudad de San Lorenzo que anunció el presidente, pero al día de la fecha aún no ha ocurrido.
No es casualidad que luego de varias medidas que afectaron la impunidad de las fuerzas provinciales, una ola de crímenes y balaceras narco policiales para sembrar el terror sacudió a la ciudad de Rosario en respuesta, ola que se ha trasladado a nuestra zona.
Consideramos fundamental fortalecer y defender las instituciones democráticas frente a los ataques del crimen organizado. Aquí en nuestra región casos como los asesinatos de Any Rivero en Capitán Bermúdez y Rodrigo Gigena en San Lorenzo, son sólo un ejemplo de los miles de jóvenes que mueren en las barriadas más humildes de nuestras ciudades. Situación que se vio agravada en 2020 y recientemente, ya que las balaceras narco suceden ya cotidianamente en nuestra región cuyo caso de mayor gravedad fue asesinato en Barrio Norte del niño Brian Sánchez de tan sólo 16 años cuando a tan sólo unos metros se encontraba un patrullero de la Comisaría 7°, lo que provocó una multitudinaria protesta popular de les vecinos del barrio frente a esa dependencia, cansades de la connivencia de ésta con el delito.
Sin embargo, reafirmamos una vez más que no es con mayor control social y políticas represivas que se va a combatir la inseguridad sino con el aumento de políticas sociales inclusivas en todos los aspectos.
Durante los cuatro años del gobierno macrista tuvimos políticas represivas y de criminalización de la protesta social en todo el territorio nacional, especialmente los casos de gatillo fácil los cuales fueron amparados y estimulados por el gobierno nacional en la figura de Patricia Bullrich, conocida como doctrina Chocobar. Así como políticas de estigmatización hacia los inmigrantes extranjeros de países hermanos, como el recientemente derogado decreto 70/17.
En este marco se dieron los asesinatos de Facundo Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y les centenares de heridos y reprimidos durante las masivas protestas que se dieron durante todo el mandato presidencial, sin embargo el accionar represivo y la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad recrudecieron durante la vigencia de la cuarentena como en el caso de Facundo Astudillo Castro y en nuestra zona con la brutal golpiza por parte de efectivo de la ya tristemente célebre Comisaría 7° de San Lorenzo a un niño de sólo 11 años poniendo en peligro su vida. Este accionar incluso es avalado y reivindicado por el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Sergio Berni, quien ha expresado en reiteradas ocasiones términos agraviantes para los organismos de Derechos Humanos y que encabezó una brutal represión en el desalojo de la toma de Guernica. Exigimos juicio y castigo para todes les responsables de violencia institucional.
Párrafo aparte, merece la política con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura genocida. Venimos de un gobierno que adhirió explícitamente al negacionismo y que justificó el terrorismo de Estado. Intentaron otorgarle el 2 x1 a represores y se aumentaron exponencialmente las prisiones domiciliarias a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.
Un ejemplo lo tenemos en nuestra zona, Pedro Alberto Rodríguez, condenado a 8 años y medio de prisión por secuestro y tortura al militante sindical Manuel Casado y también procesado en la causa “De los trabajadores” como informante de los grupos de tareas, se encuentra disfrutando su condena en el country Carcaraes de Oliveros y con la lamentable defensa incondicional del titular del SOEA Pablo Reguera, quien incluso solicitó salidas laborales a cumplir dentro del sindicato, beneficio que fue rechazado luego del repudio generalizado de organismos de Derechos Humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales.
Hoy celebramos que el Estado Nacional vuelva a tomar un rol protagónico, impulsando el juicio y castigo.
Sin embargo, como contrapartida, la derecha golpista nunca ha dejado de conspirar.
Podemos mencionar como ejemplo la sublevación policial ocurrida en la provincia de Buenos Aires donde incluso detentaron la portación de armas de fuego en la puerta de la quinta presidencial o la constitución de una denominada “mesa de enlace” militar. Sumado a ello la reivindicación del Operativo Independencia en cuentas de redes sociales oficiales del Ejército.
Pero recientemente han superado todo límite: durante una protesta derechista se colocaron en Plaza de Mayo bolsas mortuorias simulando cuerpos y con carteles de dirigentes políticos y de derechos humanos como el de Estela de Carlotto, lo que demuestra que su accionar cada vez es más violento por lo que debemos mantenernos alertas y movilizades. No pasarán.
Hoy, pocos km nos separan del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, de la Calamita en Granadero Baigorria, de la Intermedia en La Ribera. Verdaderos escenarios del terrorismo de Estado en el Cordón Industrial dependientes del Segundo Cuerpo de Ejército. Dentro de esas paredes planificaron el operativo de las tres noches adonde se llevaron a los compañeros.
Seguimos exigiendo que comience el juicio en “la causa De Los Trabajadores”, a los responsables de las desapariciones forzadas y asesinatos de los compañeros de nuestro cordón industrial.
Tampoco podemos distraernos en el cumplimiento de la ley de sitios de memoria exigiendo que estos estén cercados, custodiados y señalizados, determinando los presupuestos necesarios para tal fin.
Ya han transcurrido cinco años de la desaparición del cartel que señalizaba como centro clandestino de detención al Batallón de Arsenales en Fray Luis Beltrán.
Del mismo modo, con respecto al ex Centro Clandestino de Detención La Calamita aún no funciona como sitio de Memoria, ya que la donación anunciada, nunca se terminó de completar.
Cada 24 de marzo, nuestra cita es con la memoria, con la verdad, con la justicia; nuestra cita es con la lucha y no caben dudas de que aún con diferencias políticas, defendemos cada una de las conquistas en materia de Derechos Humanos.
Es una cita que se renueva como compromiso, mirando el pasado desde los ojos de nuestros compañeros y compañeras sembrados en la historia, y mirando el presente con la misma crítica y rebeldía que ellos y ellas enarbolaron como bandera.
La cita es por la batalla contra la impunidad y por la conquista de todos los derechos de nuestro pueblo.
Cada 24 de marzo, nos conmueven los viejos y nuevos dolores.
Todos los años salimos a las calles por los 30.000 compañeros y compañeras, pero este año, por las razones de público conocimiento con respecto a la pandemia generada por el Coronavirus decidimos no hacerlo.
Es importante que nos cuidemos entre todxs y cumplamos con las recomendaciones para evitar la propagación del virus.
-Queremos juicio y castigo para todes les represores. Queremos que las políticas de impunidad sean derrotadas.
– ¡Juicio y castigo a les genocidas de la dictadura! Cárcel común y efectiva
– Apertura de todos los archivos de la dictadura de todas las fuerzas de seguridad.
– Restitución de la identidad a les hijes apropiades.
– Juicio y Castigo para el policía Chocobar y para todos los autores de gatillo fácil.
-Juicio y Castigo para los autores materiales y políticos de los asesinatos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreyra y Facundo Astudillo Castro.
-Juicio y Castigo para los asesinos de Juan Cruz Vitali, Rodrigo Gigena y Brian Sánchez.
– Juicio y Castigo a les responsables materiales y políticos de los asesinatos de todes les militantes sociales, políticos y gremiales como los del maestro Carlos Fuentealba, el presidente de la Federación Nacional Campesina y dirigente originario Mártires López y los militantes populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
– Esclarecimiento de lo ocurrido con el submarino ARA San Juan y Justicia para les 44 compatriotas.
-Juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López y de todos los desparecidos en democracia: ¡Sin ellos no hay Nunca Más!
– Derogación de la ley anti terrorista.
– Libertad inmediata y desprocesamiento de todos les presos políticxs por luchar
– Justicia para todos les trabajadores muertos en las fábricas del cordón industrial por precarización laboral. Les empresaries y el Estado son responsables.
– Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y violencia de género.
– Fuera el F.M. I y el Imperialismo de América Latina. Fuera Ingleses de Malvinas!
¡30.000 Compañeres desaparecides PRESENTES! ¡Ahora y siempre!
José Polenta- Hugo Parente -Maria Luisa Cuatrin -Roberto “Potongo” Camuglia -Rafael Carroza -Carlos Kruppa – Ramón Oscar Riquelme – José López -Lina Funes -Ramón Di Fiori – María Castelini – Rosa Benuzzi – José Prat – Isabel Carlucci e hije (embarazada al momento de ser secuestrada) – Irma E. Montenegro – Héctor Müller – Juan José Funes – Carlos Vergara – Roberto De Grandis, Adriana Estévez, Oscar Winkelmann, Liliana Girardi, Rubén Greco, Lorenzo Perino, Susana Miranda, Mónica Capelli, Alberto Corazza, Ricardo Franco, Alberto Galarza, Graciela Eier, Susana Díaz, Domingo Laborde, José Madeo, Hilda Meikle, Alberto Losada, Pablo Sandoval Luque, Horacio Victor O’ Kelly, Alcides Gassman, María Victoria Gazzano, Juan Carlos Gauseño, José Tettamanzi, Eduardo Favario, Santiago Krasuk, Sergio Schneider, Susana Giacché, Mario Russo.
PRESENTES! ¡Ahora y siempre!
Firman y Adhieren este documento:
Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial; Documenta Baigorria; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Pedagogía y Memoria del Apagón; Partido Comunista Cordón Industrial; Red de Mujeres en Alerta; Partido Socialista San Lorenzo; Centro Ecuménico Poriajhú; Movimiento Regional en Defensa de los Humedales; Corriente Clasista y Combativa; Campaña por la emergencia en violencia hacia las mujeres; Voces en rebeldía; Partido Comunista Revolucionario; Partido Solidario San Lorenzo.; Frente Social y Popular; Juventud Comunista Revolucionaria; Docentes autoconvocadxs del cordón industrial; Sindicato Único del Personal de Aduana de la República Argentina; Movimiento de Unidad Secundaria; Unión de Trabajadores de la Economía Popular Cordón Industrial; Movimiento Evita Cordón Industrial; ONG Igualando Oportunidades; Amsafe Departamento San Lorenzo; Nuevo Encuentro Fray Luis Beltrán; Radio Popular Che Guevara; Subversión, organización Política y Asamblearia; Padre Salvador Domingo Yaco, Párroco Santa Catalina de Capitán Bermúdez; Liga de los Pueblos Libres del Cordón Industrial; Comisión Regional de DDHH del Cordón; Fuego Feminista; Ana María Medina Funes, Familiar de Lina Funes y Juan José Funes.; Edilio Quiroga, compañero de militancia de desaparecidxs del cordón; Mirta Castelini, ex presa política y hermana de María, desaparecida del cordón.
