La causa de juego clandestino iniciada en Melincué contra el empresario Leonardo Peiti fue decisiva para que dos fiscales de Rosario terminaran destituidos y ahora puede arrastrar a un tercero que cumple funciones en Reconquista.
Se trata del fiscal Rodrigo González, quien el próximo jueves será imputado por presuntos delitos que implican incumplimentos en sus deberes como funcionario público. Esos reproches se deducen del vínculo que tiene con una persona de la organización de Peiti en esa ciudad del norte provincial, según indicaron fuentes del caso.
La imputación contra González será realizada por el fiscal Matías Merlo en un trámite en el que ya hay cuatro personas condenadas.
Esta causa se inició por la denuncia del presidente comunal de Hughes sobre el funcionamiento de un casino clandestino. La investigación comenzó en 2018 con el allanamiento a dicho local donde fueron detenidas la dueña y dos empleadas. Con los teléfonos secuestrados a estas mujeres se descubrieron mensajes de whatsapp en donde hacían reportes diarios de las ganancias al usuario de un celular de Rosario; ergo, esa línea fue intervenida y se supo que pertenecia a un tal Néstor.
Según la pesquisa de Merlo se trataba de un gerente que recibía rendiciones diarias de salas de juego ilegales de al menos siete localidades de la provincia entre ellas Reconquista, Vera, Venado Tuerto, Casilda, Hughes, Avellaneda y Wheelwright, y que a su vez reportaba a un mismo capitalista que era Peiti.
El fiscal Merlo decidió remitir las actuaciones a Rosario para que se avanzara en las investigaciones contra Peiti. Eso permitiría descubrir que el fiscal regional Patricio Serjal y su par Gustavo Ponce Asahad, acusados de frenar las investigaciones, favorecían al capitalista de juego a cambio de sobornos trabando las pesquisas que lo involucraban. Eso llevó a que fuesen imputados y por ellos están presos desde agosto último.
Ahora el fiscal de Reconquista, cuya relación con el enlace de Peiti en esa ciudad estaría probada, será imputado por delitos vinculados a su condición de fiscal. Cabe señalar que será la tercera vez que González es imputado de un delito, ya que actualmente es investigado por amenazas coactivas contra dos pasantes de su misma Fiscalía (delito por el cual ya fue acusado y está al borde de una audiencia preliminar de juicio) y en otro trámite por desaparición o destrucción de legajos y manejo irregular de fondos provenientes de multas.
Esta causa por juego ilegal es la misma por la que los fiscales rosarinos pidieron el desafuero del senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, a fin de poder imputarlo tras argumentar que le sobraban pruebas para demostrar la conexión entre Peitri y el legislador. Sin embargo, la mayoría de sus pares obraron corporativamente y rechazaron la posibilidad de desaforarlo.
Fuente: La Capital
