En San Lorenzo, la situación crítica de falta de prestadores médicos destinados a la atención de los adultos mayores se ve agravada por una preocupante negligencia en el abordaje de la salud mental por parte del PAMI. Un reciente caso pone de manifiesto la flagrante violación de la Ley de Salud Mental N° 26.657 en la ciudad, revelando una escasez de profesionales, una insuficiente frecuencia de atención y una falta de coordinación en los traslados, todo ello a expensas de los más vulnerables.
Solo hay dos médicos psiquiatras que atienden la creciente demanda en la ciudad, ofreciendo consultas quincenales en una sala prestada por el Sindicato de Aceiteros. La falta de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de distintas áreas, como psicología, trabajo social y enfermería, deja a los adultos mayores sin el apoyo necesario en sus problemas de salud mental.
La ausencia de guardias y la necesidad de coordinar traslados con 48 horas de antelación para casos de derivación a la ciudad de Rosario revelan una desidia total por parte del PAMI. Este descuido no solo infringe la Ley de Salud Mental sino que también se traduce en un abandono de atención sanitaria, social integral y humanizada, derechos garantizados por dicha legislación.
La prescripción automática de medicamentos, sin evaluaciones profesionales pertinentes, coloca a los pacientes en riesgo. El caso denunciado refleja un tratamiento psicofarmacológico administrado de manera automática, resultando en una internación en un centro psiquiátrico en menos de 48 horas. Este enfoque irresponsable no solo afecta a la paciente en cuestión, sino que también pone en peligro a familiares y terceros.
La falta de atención y la inexistencia de prestadores especializados en la ciudad, así como la carencia de guardias y coordinación de equipos interdisciplinarios, constituyen un acto discriminatorio bajo la Ley N° 23.592. Ante esta situación, insta al Ministerio de Salud de la Nación, como Autoridad de Aplicación de la Ley de Salud Mental, a intervenir de manera urgente.
En este sentido, se exige al Ministerio de Salud que no solo intimide sino que obligue al PAMI a cumplir con los estándares de habilitación, funcionamiento y supervisión de los servicios de salud mental en San Lorenzo. La omisión de estas medidas no solo perpetúa el desamparo de los adultos mayores, sino que también contraviene las leyes y protocolos establecidos para la atención de la salud mental.
