El concejal Martín Rosúa, de Juntos por el Cambio, ratificó la decisión de su bloque de rechazar la ordenanza votada el último jueves que le permite al Ejecutivo municipal saltarse el llamado a licitación pública y recurrir al mecanismo de contratación directa para ejecutar obras de urbanización en barrios populares.
“Siempre la obra pública se debe ejecutar a través de una licitación para garantizar la transparencia y para que haya verdadera competencia entre las distintas empresas, con lo cual el municipio puede conseguir el mejor precio y el mejor servicio”, sostuvo en una entrevista con Marcelo Fernández, en el programa «Así estamos», que se emite por Telefe Rosario los domingos a la medianoche.
“La cartelización de la obra pública hace justamente eso, terminar con la transparencia –siguió–. El municipio argumenta que este mecanismo (el de la licitación pública) es muy complejo y que necesita ir al concurso de precios, que prácticamente es una contratación directa encubierta. Dice que la licitación tarda tanto que a veces termina desierta y entonces termina generando un problema”.
La iniciativa en cuestión autoriza al Ejecutivo por un plazo de 12 meses a contratar mediante el procedimiento de concurso de precios, exceptuando la suma máxima establecida para la licitación pública y privada en la normativa vigente, a todos aquellos bienes y servicios que demande la ejecución de obras de equipamiento –tales como espacios comunitarios, centros de salud, espacios verdes y otros que no importen obras de infraestructura e hidráulicas– en barrios populares en los que intervenga el fideicomiso de administración y financiero Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu).
“El Renabap, una ley que impulsó el gobierno de Macri para el relevamiento de lo que llaman barrios populares, hizo un estudio sobre cuáles son los barrios populares de la Argentina para que se puedan hacer urbanizaciones. A partir de eso se creó el Fisu, que es un fideicomiso que se nutre de determinados impuestos, como el del turismo, y crea un fondo para ejecutar obras de urbanización de asentamientos irregulares en distintas regiones. Esas obras se hacen con convenios con los municipios”, describió Rosúa.
“Uno entiende que en un contexto macroeconómico y con variables de inflación difíciles de calcular para un ajuste contractual puede ser más complejo instrumentar estos mecanismos administrativos. Pero la contratación directa en un contexto de inestabilidad macroeconómica es una bomba de tiempo”, apuntó. Y enseguida advirtió: “Cada uno de los barrios donde están estos asentamientos irregulares relevados se encuentran intermediados por determinadas organizaciones sociales. Y lo mismo que pasa con los planes sociales es lo que tenemos miedo que suceda acá, que las organizaciones sociales, a través de cooperativas, quieran sacarle estas obras a las empresas que vienen a competir”.
Rosúa y su compañera del bloque UCR-Juntos por el Cambio, Daniela León, votaron en contra de este proyecto. En la misma línea se pronunciaron los integrantes de Unión PRO-Juntos por el Cambio: Carlos Cardozo, Ana Laura Martínez y Alejandro Rosselló.
“A mí no me molesta que construya una cooperativa en vez de una empresa si es en igualdad de condiciones, pero esto va a suceder a un precio mayor y con menor calidad y siempre en perjuicio del erario o de los propios beneficiarios de esas obras”, argumentó el edil.
“Al no existir la transparencia y la competencia que garantiza la licitación pública, cuando pasás a procesos que se asemejan a la contratación directa y hay organizaciones sociales con cooperativas metidas en el medio, lo más probable es que terminen construyendo ellos”, amplió Rosúa, quien recordó que algo similar pasó “con Milagros Sala y con Mayra Mendoza, a quien le encontraron 500 0 600 millones de pesos depositados en Estados Unidos. Y pasó también con Sueños Compartidos”.
“Cada vez que hicimos una aventura de estas terminó en un enorme hecho de corrupción o en ineficiencia pública en perjuicio de los propios habitantes a los que les tenían que transformar la vida con esas obras”, subrayó.
En ese sentido, el edil radical aseguró: “Vamos a controlar para que no pase esto. Vamos a sancionar la ordenanza que alivia los controles de los procesos licitatorios. Entendemos que en épocas de emergencia, de inestabilidad económica y de cambio de las reglas del juego, hay que tener más dinámica, pero podríamos haber evaluado un instrumento legislativo que agilizara las licitaciones públicas para no eliminar los controles como los están haciendo ahora”.
Por último, Rosúa expresó: “Yo confío en el intendente de Rosario y estoy seguro de que él no busca quitarle transparencia a estos procesos, pero no estoy seguro de cómo se va desarrollar en la práctica. Entonces, más allá de las confianzas personales, lo que me importa son los instrumentos legislativos y las garantías que establecen”.