Reforma penal Santa Fe

“La policía de Santa Fe está cuestionada, darle más poder es incontrolable”: duro rechazo académico a la nueva ley penal

“La policía de Santa Fe está cuestionada, darle más poder es incontrolable”: duro rechazo académico a la nueva ley penal

Dr. Claudio Puccinelli
El Dr. Claudio Puccinelli, profesor titular de Derecho Procesal Penal de la UNR y la UCA, cuestionó duramente la nueva normativa impulsada por el gobierno de Santa Fe que faculta a los policías a exigirle el celular a los ciudadanos en la vía pública para revisar el IMEI. Advirtió sobre los límites constitucionales, la vulneración a la intimidad y el riesgo de darle facultades discrecionales a una fuerza sospechada.
18-11-2026 10:06 AM
El Dr. Claudio Puccinelli, profesor titular de Derecho Procesal Penal de la UNR y la UCA, cuestionó duramente la nueva normativa impulsada por el gobierno de Santa Fe que faculta a los policías a exigirle el celular a los ciudadanos en la vía pública para revisar el IMEI. Advirtió sobre los límites constitucionales, la vulneración a la intimidad y el riesgo de darle facultades discrecionales a una fuerza sospechada.

La reciente reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que le otorga a la Policía provincial nuevas facultades para realizar detenciones y requisas en la vía pública (entre ellas, la posibilidad de exigirle a cualquier ciudadano que exhiba o entregue su teléfono celular para revisar el código IMEI), abrió un profundo debate que excede el ámbito legislativo y ya generó un fuerte rechazo en el plano académico.

El periodista Marcelo Fernández, en su programa por Radio Fisherton, abordó esta polémica entrevistando al Dr. Claudio Puccinelli, abogado, profesor titular por concurso de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), profesor en la UCA y vicepresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.

Puccinelli fue el encargado de fundamentar un comunicado institucional emitido por la Cátedra de Derecho Procesal III de la Facultad de Derecho (UNR), que sentó una postura crítica frente a la normativa, alertando sobre la violación de las garantías constitucionales.

“Un poder incontrolable”

Durante la entrevista, el académico dejó en claro que la postura no tiene intencionalidad política partidaria, sino que responde a un análisis estrictamente constitucional. “Apoyamos desde lo académico la decisión de ir adelante con una política de seguridad que le dé la paz necesaria a la comunidad”, aclaró de entrada, pero inmediatamente marcó un límite innegociable frente a la discrecionalidad policial.

“Ya tuvimos una experiencia histórica en nuestro país. Darle facultad excesiva a una policía que hoy por hoy sigue siendo cuestionada por su participación en bandas criminales, por drogas o por inventar allanamientos ilegales, es darle un poder incontrolable”, sentenció Puccinelli.

El foco del debate se centró en la nueva potestad que permite a cualquier uniformado abordar a un peatón y exigirle su teléfono. “Si yo voy por la calle y un policía me aborda, ¿quién va a controlar la legalidad de esa actuación? En la versión original del proyecto, si yo no lo entregaba tenían derecho a detenerme. Eso es una locura, porque además la gente no confía en la policía”, argumentó.

El límite constitucional y el riesgo de la “legalidad”

Ante el planteo de que la ley solo exige “mostrar” el IMEI (la huella de identidad del equipo) sin necesidad de entregar físicamente el aparato, Puccinelli fue tajante respecto a la violación de la intimidad: “Tenemos un límite que es la Constitución y cuáles son los derechos del ciudadano. Parece que se corre la línea según los intereses”.

El especialista recordó que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana establecieron históricamente que “no puede haber un accionar estatal sin una sospecha previa de criminalidad”.

“El Estado no tiene la facultad de entrometerse en mi vida solo porque se le antojó a un funcionario de turno. Ya hay fallos recientes donde se condenó al Estado Nacional por abuso policial al requerir cosas en la calle sin sospecha previa. ¿Qué me garantiza la actuación del policía si la historia argentina nos dice que no podemos confiar en ellos?”, se preguntó.

Atacar el efecto y no la causa

El profesor universitario también cuestionó la efectividad de estas herramientas para combatir el delito complejo, asegurando que el Estado busca tapar sus propias falencias tecnológicas y judiciales vulnerando derechos de la población civil.

“Es insólito que las compañías telefónicas no puedan bloquear los teléfonos robados, no los puedan localizar, o que den chips con cualquier DNI (muchas veces a presos). La falencia de las tecnológicas se suple con una ley que estamos discutiendo ahora”, explicó.

Para la cátedra, esta ley “pretende atacar el efecto y no la causa”. “Esto es como darle una aspirina al que tiene una bacteria. Yo no puedo resolver la criminalidad pensando solamente en encerrar a la gente, porque el problema es mucho más profundo: falta de trabajo, vulnerabilidad, falta de familia. Hablar de garantismo bobo ofende la inteligencia; el garantismo es reconocer los límites que tiene el Estado en un Estado de Derecho”, concluyó.

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