En una maniobra que desnudó con crudeza la impunidad con la que operan los infractores ambientales en la región, un camión atmosférico fue sorprendido y filmado en flagrancia mientras arrojaba efluentes cloacales en plena vía pública. El hallazgo se produjo durante un megaoperativo de saturación y patrullaje preventivo desplegado por la Policía de Santa Fe en las calles de San Lorenzo, cuando la tripulación del helicóptero policial divisó desde el aire la descarga clandestina en inmediaciones de barrio Mitre.
A partir de las pruebas fílmicas aportadas por las fuerzas de seguridad provinciales, personal de la Subsecretaría de Control Urbano procedió a la retención preventiva del vehículo y a la recolección de la documentación de la empresa transportista. De inmediato, la Subsecretaría de Medio Ambiente municipal formalizó la denuncia ante el Juzgado de Faltas de San Lorenzo, organismo que determinará las medidas legales pertinentes y evaluará la aplicación de una sanción ejemplar contra los titulares del rodado.
Un circuito clandestino consolidado en todo el Cordón Industrial
Lejos de tratarse de un episodio aislado, el hecho registrado en barrio Mitre expone una metodología ilegal ampliamente naturalizada y extendida en todo el departamento San Lorenzo. A diario, vecinos y productores de la zona denuncian el constante desfile de camiones atmosféricos que se adentran en las trazas rurales de Ricardone, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán para “tumbar” sin reparo miles de litros de líquidos cloacales y contaminantes en zanjas, cavas y canales a cielo abierto.
Una modalidad idéntica se replica con determinadas empresas de volquetes y contenedores, que utilizan caminos vecinales y márgenes de arroyos como basurales clandestinos para el descarte de escombros y restos mixtos sin ningún tipo de clasificación ni destino final habilitado.
Falta de control volumétrico y el 95% de los residuos sin tratamiento
El núcleo de la problemática radica en la ausencia total de sistemas de control volumétrico y trazabilidad satelital en las empresas prestadoras del servicio de desagote. Al no existir un seguimiento estricto entre los metros cúbicos que se retiran de los domicilios o industrias y las descargas efectivas en plantas de tratamiento autorizadas, el vertido directo en el espacio público se convierte en un mecanismo de reducción de costos operativos a expensas de la salud comunitaria.
La situación adquiere dimensiones críticas en el plano de los desechos industriales y comerciales. De acuerdo con datos aportados por el sector de empresas dedicadas a la gestión y saneamiento ecológico, se estima que el 95% de los residuos que genera la actividad regional no ingresa a procesos formales de tratamiento y disposición segura. El saldo es una contaminación sistemática de napas freáticas, cursos de agua y suelos productivos.
El contraste de la impunidad: del relato verde a las multas insignificantes
El episodio vuelve a colocar en el centro de la escena las profundas debilidades del marco normativo vigente. Mientras en los discursos oficiales se pregona el cuidado ambiental, en la práctica no existen herramientas punitivas que disuadan de manera efectiva a los infractores.
En cualquier país con legislación ambiental moderna y tipificación penal severa del daño ecológico, una maniobra de este tipo derivaría en la inmediata imputación penal, la clausura definitiva de la firma y penas de prisión efectiva para el transportista y los propietarios de la compañía.
En la Argentina, al no existir un régimen penal específico que castigue con cárcel el atentado contra el ecosistema, el episodio de barrio Mitre difícilmente traspase el ámbito de una contravención administrativa o el pago de una multa pecuniaria que las empresas absorben como un gasto menor de su estructura comercial.
