El fallo detalla que la propia empresa solicitó su quiebra tras reconocer que no puede afrontar el pasivo ni presentar una propuesta de pago a acreedores. La decisión se apoya en la “inviabilidad” financiera y en la acumulación de deuda posterior al concurso preventivo, en un contexto de fuerte paralización productiva por la caída de contratos de fason.
Un proceso sin margen de reversión
Aunque el Consejo de Administración convocó a una asamblea para el 30 de abril en la planta de Sunchales, el juez dejó en claro que se trata de una instancia formal que no altera el curso de la quiebra. La resolución sostiene que los presupuestos del proceso son de orden público y no dependen de la voluntad interna de la cooperativa.
De este modo, se configura una quiebra indirecta por la frustración anticipada del acuerdo preventivo.
Deudas millonarias y deterioro operativo
El panorama financiero expuesto en el fallo es crítico. La deuda impositiva y previsional posconcursal supera los $6.349 millones y crece a un ritmo cercano a $3.000 millones mensuales. A esto se suman: Más de $12.788 millones en salarios adeudados, $3.380 millones en aportes a obras sociales, ART y sindicatos
$13.313 millones en deudas comerciales, principalmente por materia prima y energía.
En total, el pasivo global, incluyendo la deuda concursal, se estima en torno a los 185 millones de dólares.
La empresa cuenta actualmente con 914 trabajadores, de los cuales 215 están bajo el régimen de “jornada libre”, con pagos parciales y atrasos salariales. Las plantas operan muy por debajo de su capacidad, siendo la de Sunchales la más afectada.
Control judicial y administración de la quiebra
El fallo designa como síndico a Ignacio Pacheco, quien tendrá a su cargo la administración de los bienes y operaciones. Entre las principales medidas se destacan: 10 días para elaborar un inventario preliminar de activos, 30 días para que los acreedores presenten sus créditos, 60 días para el informe general de pasivos y activos e informes cada 90 días, de carácter público
Además, se suspenden todas las ejecuciones individuales, centralizando los reclamos en el proceso concursal. Los créditos laborales tendrán prioridad absoluta.
Continuidad limitada y venta de activos
La Justicia autorizó una continuidad acotada de las operaciones, únicamente para preservar el valor de los activos y evitar un impacto mayor en la cadena productiva. Cada decisión deberá justificarse bajo criterios de utilidad económica y social.
En paralelo, se avanzará con la venta de las unidades productivas, en conjunto o por separado, mediante licitaciones públicas o privadas. El objetivo será maximizar el valor obtenido para pagar a los acreedores y, en la medida de lo posible, sostener la actividad y el empleo.
Un proceso con impacto social
El juzgado remarcó que la quiebra no implica un abandono, sino un marco legal para ordenar la crisis. También subrayó el impacto regional del caso y convocó a autoridades nacionales y provinciales a acompañar el proceso.
Mientras tanto, los asociados de la cooperativa conservarán el derecho a la información y podrán participar en audiencias, en un intento por sostener la base social de una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina.
