El Distrito Judicial de San Lorenzo atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas en el fuero de Familia. Lo que era una crónica de un final anunciado se convirtió en una realidad asfixiante: tras la jubilación del polémico y mediático juez Marcelo Escola hace aproximadamente dos meses y medio, el juzgado quedó acéfalo y el sistema ha respondido con el recurrente “parche del parche”.
Hoy, la materia de Familia es atendida por los doctores Roldán y Andino, titulares de los juzgados Civiles y Comerciales de Distrito 1 y 2, quienes deben alternarse para subrogar la vacante mientras gestionan sus propios tribunales. Esta sobrecarga se da en un contexto alarmante, donde se registran picos de hasta 20 demandas por violencia de género y conflictos familiares complejos por fin de semana que exigen resoluciones inmediatas.
La trampa de la digitalización: un colapso invisible
Uno de los puntos más agudos que planteó el Dr. Sebastián Darrichón es cómo la tecnología ha contribuido a que la sociedad y el poder político pierdan la percepción de la gravedad del problema. “Antes, cuando uno entraba al tribunal, veía las paredes estalladas de expedientes del piso al techo. Hoy todo queda en un servidor; uno pierde la percepción visual del volumen del problema”, explicó el profesional.
A pesar de que ya no hay colas de abogados en los pasillos gracias al sistema digital, el estancamiento del servicio de justicia es total. Las medidas cautelares, las cuotas alimentarias y los regímenes de comunicación —temas que por ley deben resolverse con urgencia— quedan atrapados en una vorágine administrativa sin un juez específico que pueda darles el seguimiento necesario.
El silencio de la política y el individualismo profesional
Darrichón fue crítico tanto con el arco político como con el propio gremio de los abogados. Mientras que en otros fueros, como el Laboral, se logró presionar tras años de vacancia, en Familia el reclamo parece no encontrar un liderazgo claro. “La política muchas veces no se pone al frente por miedo a una vendeta judicial, y los abogados somos absolutamente individualistas, cada cual imbuido en el problema de su propio estudio”, analizó con autocrítica.
El Colegio de Abogados ha documentado las quejas, pero la solución depende de una decisión política de alto nivel que aún no llega: la designación de una terna o, al menos, de un subrogante dedicado exclusivamente a esta función.
El interés superior del niño, el gran ausente
La crisis no es solo estadística; tiene rostros humanos. “No hay peor injusticia que la que sufre uno mismo. Cuando sos el que no ve a sus hijos, el que no tiene para llegar a fin de mes porque no le depositan la cuota, o el que sufre violencia, tu problema se vuelve eterno porque el sistema está en stand-by por saturación”, sentenció Darrichón.
El cierre de la entrevista dejó un compromiso ético para la comunidad de San Lorenzo: “El interés superior del niño es el eje central de cualquier política, y hoy no le estamos brindando el juzgado específico para proteger sus derechos. Como sociedad, no estamos protegiendo a los chicos”.
