El clima laboral en el Cordón Industrial volvió a tensarse de manera drástica. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), bajo la conducción de Daniel Succi, desplegó un piquete y un bloqueo parcial en los accesos a la empresa de biocombustibles Explora S.A., ubicada en la localidad de Puerto General San Martín.
La medida de fuerza fue ejecutada por delegados sindicales tras el fracaso de las audiencias mantenidas en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde el gremio pretendía revertir la desvinculación de dos dependientes.
Aval oficial a las liquidaciones y rechazo sindical
El conflicto se desencadenó cuando la firma resolvió prescindir de los servicios de dos trabajadores, notificando el pago correspondiente al 100% de las indemnizaciones estipuladas por la Ley de Contrato de Trabajo.
Ante esta situación, la conducción de Succi llevó el reclamo a las oficinas estatales para exigir la reincorporación del personal. Sin embargo, tras analizar las actas y la documentación respaldatoria, los funcionarios del área laboral rubricaron que las liquidaciones finales estaban en perfecto orden técnico y legal, dictaminando que no existía margen ni sustento jurídico para formular reclamos o exigir la reinstalación.
La resolución del órgano estatal provocó el inmediato rechazo de la conducción aceitera, que en respuesta determinó el envío de una delegación para apostarse en los portones e impedir parcialmente la normal circulación de vehículos de carga y personal en la planta productiva.
Un antecedente con despliegue de Prefectura
La reactivación de las protestas en el portón de Explora vuelve a encender los alarmas en el sector agroexportador y de energías renovables debido al historial de conflictividad entre las partes.
Tiempo atrás, la misma planta fue escenario de un prolongado acampe y bloqueo por parte del SOEA que se extendió durante varias semanas, paralizando la operatoria de la firma. En aquella oportunidad, el nivel de escalada requirió la intervención directa de las fuerzas federales, mediante el despliegue de la división antipiquetes de la Prefectura Naval Argentina para desalojar los accesos y garantizar el libre tránsito.
A la espera de nuevas actuaciones judiciales o administrativas, la presencia gremial en las puertas de la empresa mantiene en vilo la operatividad de la planta en Puerto San Martín.
