La Sala B de la Cámara Federal de Rosario volvió a fallar contra el gremio de los portuarios de Puerto San Martín. En está oportunidad es para dejar sin efecto un recurso extraordinario presentado por el SUPA Puerto San Martín contra las empresas Milisenda SA y SAP SA.
Las denuncias en el fuero federal de la justicia de Rosario comenzaron en octubre de 2022, cuando las autoridades del SUPA decidieron no ceder más “jornaleros” a las empresas que compartían el trabajo de estiba junto a la Cooperativa de Trabajos Portuarios y denunciar a ambas empresas por presuntas deudas provisionales en prejuicio de los afiliados del gremio. Estas denuncias fueron apeladas por las empresas que sumaron al recurso para poder seguir trabajando el depósitos en caución por más de 180 millones de pesos, depósitos que podían ser ejecutados si se demostraban las deudas denunciadas.
En primer lugar se comprobó que las empresas no tenian deudas provisionales alguna, primer gran golpe contra las denuncias del gremio a lo que se sumaron dos resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en primer terminó hizo lugar a los reclamos de las empresas para poder seguir operando en los puertos de Timbúes y Puerto San Martín y obligar al gremio a afrontar todos los gastos ocasionados por las denuncias, una cifra multimillonaria que deberán justificar ante los afiliados del gremio para pagarla bajo presión judicial.
Piquetes, monopolio y negocio de amigos
Las denuncias del gremio fueron acompañadas con piquetes en la puertas de algunas de las empresas agroexportadoras de Timbúes y Puerto San Martín, el objetivo era presionar a las empresas para que no “nominen” más barcos a las empresas denunciadas por el gremio, Milisenda y SAP, estas dos empresas venían prestando el servicio desde que Juárez debió romper el monopolio de la Cooperativa en 2017, en el acuerdo original eran cuatro las prestadoras de servicio, a estas dos se sumaba Brayco y Murchinson.
Esta presión desprendió un sin número de ásperas reuniones entre el gremio y directivos de las empresas exportadoras nucleados en CIARA y la Cámara de Puertos Privados, los sindicalistas se arrogaban el derecho a ser ellos quien aprobarían las empresas que pueden o no trabajar con trabajadores nucleados en el CEDECOM (centro de contrataciones que depende del SUPA) asegurando en los primeros encuentros que tenian una empresa de confianza y que dejaban abierto a las agorexportadoras para que propongan una segunda empresa que se sumaria a la recomendada por ellos y a la Cooperativa. La actitud del gremio era hostil y hacía acordar a las empresas a la peor época de Herme Juárez.
Las agroexportadoras resistieron la nominación de una empresa “amiga” del gremio, pero dieron lugar para que la empresa Servicio Portuarios SA, del empresario nicoleño Ondarcuhu, sea nominada por la empresa iniciativa que tomó en soledad ADM, situación que en la practica no prosperó, ya que ningún otra terminal nominó la empresa de Ondaruchú.
La comisión directiva del SUPA entró en el gremio concibiendo que el poder de representación gremial delegado por los afiliados era un certificado de impunidad y un trampolín a negocios similares a los que Juárez hacía, no contemplando que el Cordón Industrial es una región dinámica y con un ecosistema de negocios con empresas solidas y solventes dejando este tipo de aventuras en un verdadero fracaso. Hoy llega el momento de pagar millones y hacer reflexiones internas para garantizar que la estiba siga siendo un lugar para que cientos de trabajadores tengan un ascenso social, y que por el contrario se convierta en un reducto para negocios extractivos que rompan la actividad para siempre. El desafío es hoy y es de la generación de dirigentes del SUPA post Juárez, el que lo entienda que se ponga los pantalones que hay poco tiempo y el clima no ayuda.
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