Claudio Brilloni lleva tres meses al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Es el cuarto funcionario que pasa por esa cartera en la gestión de Omar Perotti, quien ha designado y eyectado ministros casi con la misma regularidad que lo hace el presidente de un equipo de fútbol con los entrenadores que no consiguen resultados.
Brilloni, a diferencia de sus antecesores, ha corrido con una ventaja: trabaja en el área que hoy le toca comandar desde fines de 2021, por lo que conocía bien el terreno y solamente tuvo que mudar sus pertenencias de una oficina a la otra cuando asumió, a principios de febrero.
“Los hechos reflejan la difícil situación en seguridad, seguramente producto de algunos errores de las gestiones políticas, porque esto no empezó ahora, lleva muchos años. Es una realidad que nos golpea y nos duele a todos los santafesinos. Tenemos una Policía y un Servicio Penitenciario debilitados en su organización, por errores de las gestiones políticas y también por el avance narco sobre todas las cosas”, sintetizó Brilloni a modo de introducción. “Santa Fe es un enclave estratégico para las organizaciones narcocriminales, que encuentran un puerto que los pone de cara al mundo para llevar droga a distintas partes, principalmente a Europa”, agregó.
En ese sentido, analizó las particularidades de esta región por las que convierten a la ciudad en un enclave propicios para las operaciones del narcotráfico: “La característica geográfica de nuestra provincia con sus rutas provinciales terrestres, su límite este fluvial de 878 kilómetros por el río Paraná, es un terreno ventajoso para el aterrizaje de narco vuelos o de vuelos irregulares. Si tenemos en cuenta que la cocaína que va al mundo, que llega a Rosario por la ruta nacional 34 y conexas, o la marihuana que llega por la ruta nacional 11 y conexas, más la frontera fluvial, evidentemente tenemos un narcotráfico a gran escala”.
Enseguida, vinculó la otra parte del problema, que es el que incide directamente en la violencia diaria que azota a Rosario: “El narcomenudeo y la ausencia del Estado en los barrios con conflictividad y vulnerabilidad social, hacen que tengamos otra arista del problema, que es la comercialización de droga al menudeo; organizaciones que se han apropiado del territorio porque hay una necesidad de comprar droga en pequeñas cantidades para el consumo, algo que es totalmente distinto al narcotráfico, incluso hasta el lavado de activos”.
“Todos los hechos que hemos investigado y que tienen esta alta tasa de criminalidad, principalmente los homicidios, están vinculados con organizaciones dedicadas al narcomenudeo. Son muy artesanales estas bandas, rudimentarias, pero tienen una estrecha vinculación con protagonistas importantes del delito y del hampa de Rosario y la provincia. Hoy están presos los cabecillas, pero lo endeble de nuestros sistemas y de nuestras organizaciones hace que se produzca una conexión entre las personas que están en las cárceles y quienes están afuera, y esa disputa por dedicarse al negocio del narcomenudeo provoca que los enfrentamientos tengan los resultados que tienen, por supuesto, agravado por la accesibilidad a las armas de fuego”, analizó luego.
“Los principales problemas están en un puñado de barrios: Larrea, Industrial, Empalme Graneros, Vía Honda, La Tablada y Las Flores”.
A la hora de señalar cómo se puede empezar a acomodar este desmadre, el ministro de Seguridad indicó: “Primero identificando los problemas. Hay que tener claro cuáles son los problemas y cuál es el diagnóstico. Los principales problemas están en un puñado de barrios: Larrea, Industrial, Empalme Graneros, Vía Honda, La Tablada y Las Flores. Si bien es cierto, en los últimos días hemos tenido un recrudecimiento de la violencia en barrio Godoy y en La Cerámica, y por ahí aparecen algunos hechos en Tío Rolo o en el barrio Toba”.
Enseguida aceptó: “Obviamente que hay que tener bien claro cuál es el diagnóstico para ver cuál es el remedio para esta enfermedad. Nosotros lo tenemos perfectamente claro. El tema es que a veces no tenemos los remedios, ni los tratamientos, ni la tecnología, ni la logística ni el personal preparado para hacer una cirugía mayor”.
“Ya estamos trabajando con la incorporación de tecnología en las cárceles de la provincia de Santa Fe. Sumaremos un escáner y un body scanner para controlar todo lo que ingrese, no solamente de los presos o de la visita de los presos, sino también del propio personal del Servicio Penitenciario. Y no porque lo tengamos bajo sospecha, sino por una cuestión de transparencia”, mencionó.
“Evidentemente tenemos un problema con los mandos medios, y esto no sólo pasa en la Policía de la provincia, sino también en las fuerzas federales”.
También se refirió a la complejidad que supone la coordinación de tareas para prevenir y atacar el delito: “Hay una mesa de inteligencia criminal que se había iniciado en 2016 y después se interrumpió. Hoy la tenemos otra vez en funcionamiento, pero costó porque hubo que rearmarla, hubo que demostrarles a las autoridades de las fuerzas y de los distintos organismos, como por ejemplo del Ministerio Público de la Acusación, que se podía confiar en nosotros, que toda la información que tenemos la compartimos y que le damos el marco de confidencialidad. Esa información se utiliza para identificar hipotéticos escenarios de conflicto, determinar alertas, amenazas y asesorar en ese complejo proceso de toma de decisiones, no sólo para la autoridad política, sino también para un jefe de unidad regional, para un jefe de Policía, incluso para los jueces y fiscales. Para eso hacemos inteligencia y cuando hablamos de inteligencia nos referimos a análisis de información permanente, a través de fuentes abiertas, conforme a lo que establece el artículo 3° de la Ley de Inteligencia Criminal”.
Al respecto sostuvo que al momento de asumir en su cargo se encontró con “una disociación entre lo que se organizaba, se planificaba y se preveía y lo que se ejecutaba en la calle”. Y en la misma línea amplió: “Los jefes policiales con las autoridades políticas organizamos operativos de prevención, por dar un ejemplo, pero resulta que el mensaje del por qué, para qué, dónde y cómo se tiene que hacer no les llega al policía de calle o al personal de tropa. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos un problema con los mandos medios, y esto no sólo pasa en la Policía de la provincia, sino también en las fuerzas federales. Por eso el protagonismo territorial que debemos tener como funcionarios de la gestión política es sustancial”.
Puesto a profundizar cuáles son los problemas en los mandos medios de la Policía, describió: “Primero, falta entrenamiento, capacitación y reentrenamiento. Por supuesto, no me quedo en el lamento: ya empezamos a trabajar, pero como todo proceso educativo lleva tiempo lograr un cambio en la conducta. Hay que desterrar algunos vicios conductuales en el comportamiento policial y eso va a llevar tiempo, pero tenemos que empezar y nosotros hemos empezado”.
“Hay un montón de circunstancias que yo podría mostrar que la Policía está trabajando”.
“Recientemente terminamos una capacitación con Naciones Unidas y con la Embajada de Estados Unidos –siguió–, que se realizó aquí en Rosario, donde llevamos una jornada intensiva de capacitación para los policías sobre dos temas que son muy complejos: narcocriminalidad y corrupción, y la asociación que existe entre una cosa y la otra. Ya no sólo hay que meter presos a los policías que cometen un delito o funcionarios que visten uniforme pero que en realidad son delincuentes, también hay que capacitarlo porque así se logra tomar conciencia, se sensibiliza el problema, se visibiliza y podemos lograr cambios de conducta. A través de la Subsecretaría de Control Policial lamentablemente el año pasado tuvimos que poner a disposición de la Justicia a 122 policías. Este año tenemos en curso algunas investigaciones en el mismo sentido, porque si hay algo que me ordenó el gobernador es ser implacable a la hora de sacar de la Policía de la provincia a los malos policías”.
Brilloni aseguró que le insiste a sus funcionarios que “salgan a la calle” a gestionar. “Basta de reuniones, terminemos con las reuniones. Determinemos cuáles son las líneas de acción y vayamos a las comisarías, a los destacamentos, a las rutas, a los barrios, al microcentro, macrocentro, a interactuar con el vecino, a caminar los Tribunales para intercambiar ideas, opiniones y propuestas de trabajo con los jueces y los fiscales porque eso es lo que tenemos que hacer, delinear cuáles son las líneas de acción de trabajo concretas y basta de perogrullo que generalmente termina siendo una reunión sin sentido porque, insisto, el mensaje que tiene que tener el personal de calle no le llega”, consideró.
“Hoy tenemos 160 patrulleros en Rosario: me gustaría tener 200”
Una de las habituales quejas del intendente Pablo Javkin es que falta patrullaje en las calles de Rosario. Al respecto, el titular de Seguridad respondió: “Además de tener un plan de trabajo que implica tener precintos, es decir, circuitos de patrullaje para cada patrullero del Comando Radioeléctrico o de algunos de los elementos que componen la Unidad Regional II, contamos con el apoyo de la Policía de Acción Táctica, de la Policía Comunitaria y obviamente de las fuerzas federales. Es cierto, no tengo la cantidad de recursos que quisiera tener. Pero los recursos que tenemos los ponemos en la calle. En marzo del año pasado había un promedio de 35 patrulleros recorriendo Rosario, hoy hay 160”.
Sobre el número ideal de móviles para la ciudad, señaló: “Me gustaría tener 200 para cubrir, sobre todo para suplir cada vez que un patrullero debe dejar de recorrer un determinado lugar para atender una llamada del 911. El año pasado la Unidad Regional II tenía 3.070 efectivos, hoy tiene 5.070, obviamente hay que dividirlos por turnos de trabajo y hay que tener al personal con carpeta médica. No es el número que uno quisiera tener. Según niveles internacionales, hay que tener 400 policías cada 100.000 habitantes, pero esto para una ciudad como Madrid; en Rosario deberíamos tener mucho más”.
“¿De dónde provienen las armas del delito? Es uno de los grandes interrogantes que tenemos y que lamentablemente todavía no hemos podido dilucidar”
Otro de los cuestionamientos del intendente es la falta de persecución policial para combatir el delito. “El año pasado tuvimos al policía Sanabria gravemente herido producto de una persecución. Días atrás un agente que iba en una moto policial, falleció durante una persecución. En lo que va del año la Policía detuvo a 1.070 personas en flagrancia”, defendió Brilloni. “Hay un montón de circunstancias que yo podría mostrar que la Policía está trabajando. Una última y que me parece importante: 320 armas de fuego se incautaron en Rosario solamente en prevención de delitos, sin contar las que incautaron las fuerzas federales o la Agencia de Investigación Criminal”.
Justamente, sobre la presencia de armas en la calle, admitió: “Es uno de los grandes interrogantes que tenemos y que lamentablemente todavía no hemos podido dilucidar. Pero lamentablemente aquí tenemos un problema con el organismo responsable del control y de la supervisión de las armas, no sólo en Rosario sino en todo el país, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la Anmac, ex Renar. Ha hecho mal los deberes durante mucho tiempo”.
“Hay una ley de 2005 que obliga a la provincia de Santa Fe a informar la cantidad de armas de fuego que se incautan en los procedimientos –contó luego–. Eso logramos regularizarlo recién el año pasado porque desde 2005 nunca cumplió. Empezamos a poner al día un montón de deberes que teníamos para con la Anmac. Este organismo empezó a trabajar con nosotros, primero con un programa de entrega voluntaria de armamentos, que para mí no es suficiente. Creo que deberíamos tener algunas medidas de excepción ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo y es lo que yo le reclamo a la Anmac, un trabajo más territorial”.
En ese sentido, desmintió que las armas que circulan provengan del robo de 2004 en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán y, aclaró, “ninguna de las armas que se han incautado en distintos procedimientos o investigaciones en allanamientos son armas que vienen del exterior; tampoco de las fuerzas de seguridad”.
“La mayoría de las armas incautadas pertenecen a civiles que las pierden, se las roban, las ceden ilegal e irresponsablemente, las prestan y terminan en el circuito ilegal. El tema no son las armerías, no es que venden a cualquiera indiscriminadamente, los dueños de las armas están identificados. Sí me gustaría más enjundia en las inspecciones de las armerías porque el sistema de compra de municiones es muy rudimentario: se hace con una tarjeta que se llena con papel y lápiz”, advirtió. “O sea, el problema también lo tenemos con las municiones, no sólo con las armas. Hay un mercado de municiones que evidentemente está funcionando producto de lo endeble que es el sistema de control”, completó.
