La Sociedad Rural de Reconquista puso la bandera a media asta cuando el presidente Alberto Fernández dio una conferencia en la que anunció su proyecto de expropiación e intervención de la compañía Vicentín, en agosto de 2020. Toda una acción en desprolijidad absoluta que, le valió una reacción de protesta nacional y como primer traspié político serio.
Quedó claro en la sociedad que no se puede atropellar la propiedad privada; lo que se descuenta. Tres años más tarde, en el epicentro de los hechos que llamaron la atención del país, el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta se expresó en tal sentido, ante una consulta de la prensa en la conferencia que brindó ante los medios presentes.
“Hay un sector de política y parte de los fiscales que están pretendiendo voltear el Concurso que tiene a la Compañía Vicentín. No hay exponentes de la política que hagan una apreciación sobre el tema”, fue la pregunta que también requirió la definición de Pullaro.
Al tomar el micrófono, Larreta, fue claro: “No creo que la expropiación sea un camino válido, habiendo un Concurso en marcha. Hay que dejar que avance en el marco legal de la Argentina que prevé el Concurso. Jamás promoví una expropiación en la ciudad de Buenos Aires, salvo utilidad pública y como Jefe de Gobierno de la Ciudad. Lo que digo, lo hago”.
A su turno, Pullaro gesticuló dando impronta de obviedad a sus palabras: “Hay que respetar la Ley y, respetando la Ley se hubiese resuelto esto tiempo atrás. Si se junta la mayoría de los acreedores se hubiese resuelto la situación. Nunca se puede extorsionar a la Justicia penal para extorsionar, en definitiva”.
A ambos lados flanqueaban, asintiendo –además de Larreta-, la candidata a intendente de Reconquista, Natalia Capparelli; los concejales de Reconquista, Coco Báscolo, Fedra Buseghín; el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot; el senador provincial Orfilio Marcón, el diputado provincial Juan Cruz Cándido, y la diputada nacional Carolina Castets.
El Concurso está a punto de resolverse bajo homologación y, a la firma del Juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini quien es la autoridad natural y exclusiva, según la Ley de Concursos y Quiebras, por lo que tiene la potestad para disponer del patrimonio y las acciones de la empresa en resguardo de los acreedores que, han suscripto el acuerdo a la propuesta de pago por abrumadora mayoría.
El Juez Penal Hernán Postma ha incurrido en falta al pretender disponer el sostenimiento de una cautelar sobre las acciones de la empresa y por encima de otro fuero, en abierto desafío a la autoridad competente. Le cabe –en su rol- juzgar la conducta de personas. Esa pretendida pugna de poder, por burda, suma carga a las rarezas que estoicamente viene soportando la empresa a lo largo del Concurso.
Recientemente el Fiscal Miguel Moreno y los abogados litigantes Gustavo Feldman y Viviana Cosentino tuvieron un duro llamado de atención de parte del Juez Héctor Nuñez Cartelle -a la vez titular del Colegio de Jueces- debido a los excesos en que incurren con sus prácticas al demorar la solución concursal,
Para entonces pretendían desplazar a los Síndicos del Concurso e invalidar la labor de todo el proceso que ellos mismos asintieron a lo largo de estos casi cuatro años. También y por eso, les impuso el pago de las costas.
Llaman la atención los grados de relaciones existentes de parte de quienes son hostiles a la aceitera. Moreno reconoce en Postma a un viejo colega, quien tuvo que afrontar un Jury y cuyo defensor fue el litigante Feldman, que lo salvó de una destitución. Este abogado fue, también, querellante en causas en tiempos que Moreno era fiscal de la unidad de homicidios. Ahora, Postma pretende darle una mano a Feldman con la cautelar.
El abogado con frescura se jacta sobre la conferencia de Alberto Fernández, respecto del proyecto del Gobierno sobre la empresa: “Ahí hubo dos circunstancias que creo que le informaron mal al Presidente, se lo dije a Vilma Ibarra por teléfono. Primero, la mala información que recibió del gobierno provincial, que tenía una composición del lugar absolutamente distorsionada y que fue la que transmitió”.
Lo que precede es de inusitada gravedad porque pone de manifiesto una connivencia que transgrede normas elementales. Vilma Ibarra es la secretaria Legal y Técnica de presidencia; es la mujer que estuvo sentada en el único encuentro de junio del 2020 que mantuvieron en Casa Rosada –en junio del 2020- Sergio Nardelli y el Presidente por la materia, además de participar puntualmente con preguntas durante esa reunión, y redactó el DNU controvertido.
Con el espaldarazo como futuro gobernador, Pullaro deja el camino libre de presiones. Lorenzini tiene, además, todo el peso que la Ley y la jurisprudencia ofrecen para declarar la homologación del Concurso de Vicentín.
Bernardo Basombrío
Por Bernardo Basombrío (*) especial para SL24
(*) Periodista, escritor y autor del libro ¡Exprópiese! El caso Vicentín
