A Mariana Ortigala, testigo clave en el juicio que terminó con la condena a prisión perpetua del líder narco Esteban Alvarado, le atribuyen haberse enriquecido a partir de su rol de prestanombre de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de la banda Los Monos. Así consta en la investigación de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, ambos a cargo de la acusación en una audiencia imputativa que se dividió en tres jornadas y que finalizará este miércoles en el Centro de Justicia Penal.
La investigación se enmarca en una serie de amenazas, extorsiones y balaceras contra el propietario de las agencias de loterías “El Califa”, ordenadas desde la cárcel por Guille Cantero. Al empresario le exigían el pago de “un millón y medio de dólares” a cambio de tranquilidad. En ese contexto, la causa también apunta al ostensible incremento patrimonial experimentado por Ortigala y su concubino Rodolfo Sebastián Felipe en los últimos años.
Además de Guille Cantero, hay otras ocho personas sentadas en el banquillo de los acusados: Ortigala, Felipe, Lorena Mireya Córdoba (viuda del rey del juego clandestino David Perona), Daiana Micaela Leguizamón (Alias “La Diabla” y hermana de Brisa, la novia de la boda narco que derivó en el triple crimen de Ybarlucea), Gonzalo Iván Sarmiento, Brian Ezequiel Díaz (hermano de Maximiliano “Cachete” Díaz, condenado por el crimen en el casino City Center), Bladimir Andrés Navarro y Kevin David Moreno.
El fiscal Socca justificó que la relación de amistad entre la pareja de Ortigala y el Guille Cantero “no es gratis y tiene recompensas”. Y recordó que “a Ortigala, producto del aporte hecho en la causa contra Alvarado, la quisieron matar de 40 tiros en marzo de 2020 en Roldán. Y la reacción inmediata de la organización criminal fue vengar el ataque matando a Rodrigo Sánchez, mano derecha de Alvarado”.
En tanto que el fiscal Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos, señaló que por la vinculación de Cantero con Ortigala y Felipe “se hicieron millonarios”. Y luego apuntó contra otros investigadores del MPA. “Me cuesta entender que nadie lo haya visto antes. El derrotero de ilícitos que cometieron en los últimos años es difícil de entender si no fuera porque gozaron de impunidad o algún tipo de protección. Esta es la primera vez que imputo al señor Cantero, hay gente que lo investiga hace un montón, no sé si acaso tenían tapados los ojos”, disparó.
En uno de los allanamientos en donde detuvieron a Mariana Ortigala y Sebastián Felipe, secuestraron elementos de interés para la causa. Entre ellos un teléfono celular del que la testigo arrepentida en el juicio de Alvarado manifestó que “solamente lo utilizaba para pasarle información al fiscal Matías Edery”, refiere la causa.
Según la investigación, Guille Cantero se comunicaba desde el penal de Marcos Paz utilizando un teléfono fijo del Servicio Penitenciario, mediante una triangulación de llamadas cuyo nexo era Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón, mientras cumplía prisión domiciliaria en San Nicolás y era la encargada de contactarlo, derivarlo e incorporar a diversos interlocutores a la comunicación con el líder de Los Monos, permitiendo de esta manera la continuidad y el desarrollo de las actividades ilícitas e intentando obstaculizar la investigación judicial.
El lunes de la semana pasada, en un allanamiento realizado en San Nicolás, se comprobó que La Diabla Leguizamón escondía el celular con el cual se comunicaba con Guille Cantero en el interior del pañal de su bebé de 8 meses. La mujer llegó a introducirse el chip en su boca para tragárselo. “Estaba rico eh, ya me lo tragué, ya me lo comí. ¿Venían a buscar eso hijos de puta? Ahora no van a encontrar nada”, espetó según la causa.
A Mariana Ortigala, a su pareja Rodolfo Sebastián Felipe y a Lorena Mireya Córdoba -viuda del rey del juego clandestino David Perona-, el fiscal Pablo Socca le atribuyó haber planificado y ejecutado intimidaciones contra Cristian Q. y su grupo familiar, y a sus agencias de loterías “El Califa”, con el fin de que entregue una suma de dinero en dólares.
En marzo de 2021, entre las 18 y las 20, Felipe irrumpió en un gimnasio de Fisherton, se acercó a la víctima y le manifestó: “A mí me manda la mafia, tenés que poner un palo y medio verde para poder seguir trabajando tranquilo, sino no trabajas más”; y “te vamos a denunciar en Fiscalía, si no pagás, la viuda de Rafaela tiene videos, pruebas, todas cosas contra vos. Te vamos a denunciar en AFIP”.
Antes de retirarse del gym le advirtió: “Te va a contactar una chica”. Tras ese episodio, Ortigala y Felipe dejaron de concurrir al gimnasio en el que compartían sala de musculación y entrenamiento con la víctima.
El mediodía del 16 de febrero de 2022, Lorena Córdoba se acercó a dos agencias de lotería propiedad de la víctima. En primer lugar, a la sucursal de Avellaneda y Pellegrini, ingresó exigiéndole a la empleada que “quería hablar con Cristian, el dueño”, manifestando que ella “era de Rafaela” y que “Cristian sabe quién soy”. Anotó ella misma de puño y letra en un papel un número de teléfono, cuya titularidad era de Mariana Ortigala, para que la víctima se comunique, consta en la investigación.
Al rato, Córdoba se hizo presente en la sucursal de Mendoza y Valparaíso, ingresando y preguntándole a la empleada “dónde estaba Cristian” y tras solicitarle que deje un número de teléfono, le dijo que “él ya sabe quién soy”, para luego irse del lugar.
Ese mismo día, la víctima se comunicó desde el celular de su pareja y mantuvo una conversación de 5 minutos con Lorena Córdoba, quien sin identificarse le manifestó “ya sabés quién soy, me debés plata y nos tenemos que juntar a hablar”. Y que si no accedía “te vamos a denunciar en Fiscalía y en Afip”.
El 5 de julio del año pasado, cerca de las 23.45, se produjeron tres incendios intencionales en las sucursales de El Califa, ubicadas en Almafuerte 1515, Mendoza 4248 y Provincias Unidas 2202.
Quince días después, dos hombres no identificados a bordo de una moto se detuvieron frente a una vivienda de familiares de la víctima, ubicada en Matheu 320, y efectuaron varios disparos con una pistola calibre 9mm.
El 26 de julio de 2022, dos atacantes se acercaron a la sucursal de calle Baigorria 2151. Uno de ellos portando un arma de fuego apuntó e intentó gatillar dos veces, sin que salgan disparos, contra una de las empleadas del local comercial.
Y el 31 de julio de ese año, arrojaron una nota en la sucursal de Mendoza y Valparaíso, que rezaba “cumpa tenés que pagar 1.500.000 billete verde, no la hagás más larga, te vamos hacer cerrar todas las agencias, tenés 24 hs”.
